En un comunicado, la entidad que preside Miguel Blesa explica muestra su voluntad de "formular oposición a la medida cautelar acordada por este juzgado, al sólo efecto de que haga posible la celebración de una vista pública en la que todos los interesados aleguen en defensa de sus derechos".

Caja Madrid considera "prudente" la medida de suspensión cautelar decidida por el Juzgado porque el conflicto judicial en curso origina "una grave situación de inseguridad jurídica, ya que el proceso electoral queda sujeto a los efectos de una decisión futura que deberá poner término a la discrepancia interpretativa planteada".

Ante ello, la caja explica que ha tomado esta decisión por razones de "prudencia" y "ecuanimidad" en relación con los intereses en conflicto entre los sectores afectados por la discrepancia interpretativa y la protección de los intereses generales de la entidad.

Según Caja Madrid, el conflicto tiene su origen en un "distinto entendimiento" de las normas legales aprobadas por la Asamblea de la Comunidad de Madrid.

Para Caja Madrid, se trata de un "conflicto de derecho" entre los sectores que tienen que designar representantes en la Asamblea General ya que, de prevalecer una u otra interpretación, el número de consejeros generales que corresponde a cada uno de los sectores variaría notablemente.

En este sentido, la caja madrileña estima que, dada la naturaleza del conflicto suscitado, la entidad "debe velar por sus intereses generales favoreciendo que los distintos participantes en el proceso electoral tengan la oportunidad de ser oídos en el proceso judicial".