Aunque la Diputación de Lugo no tiene constancia, al menos oficialmente, de la detención de Lara Méndez, fuentes de la institución provincial sí confirmaron que tres policías judiciales solicitaron esta mañana su colaboración y la de la trabajadora del Inludes para completar información relacionada con las diligencias que abrió la instructora del caso a raíz de la detención del alcalde y de otros tres concejales del municipio lucense de Castro de Rei.

Sin embargo, otras fuentes consultadas por AGN aseguraron que Lara Méndez fue detenida, al igual que una empleada del Inludes que había sido contratada a través de un programa de cooperación con la Consejería gallega de Trabajo y se ocupaba, entre otras tareas, del reparto de subvenciones.

Esos mismos informadores explicaron que la juez llegó al Hogar de Santa María cuando pasaban pocos minutos de las tres de la tarde y estuvo registrando las dependencias del Inludes hasta las cuatro y media, acompañada por la propia Lara Méndez y por la citada trabajadora.

DEMORAS

Al parecer, la intervención judicial se demoró más de lo previsto, porque hubo que llamar a dos funcionarios que no estaban en su puesto. La presencia de uno de ellos fue requerida por la jueza para acceder a la base de datos de las subvenciones concedidas por el Inludes en los últimos años.

Posteriormente, según pudo saber AGN, comenzó a registrar el departamento de Vías y Obras, que dirige el diputado provincial Manuel Martínez y que comparte sede con el Inludes, en el Hogar de Santa María.

MUTISMO ABSOLUTO

De momento, toda la información que se ha conocido sobre la intervención judicial es de carácter extraoficial, dado que hay un mutismo absoluto sobre este tema por parte de las fuentes oficiales, tanto judiciales como policiales, a causa del secreto de sumario decretado por la instructora.

En cualquier caso, todo parece indicar que esta operación está íntimamente relacionada con la que tuvo lugar la pasada semana en el municipio de Castro de Rei (en la que fue detenido el alcalde y tres concejales), a causa de una investigación para aclarar si se han adjudicado “a dedo” proyectos del Plan de Obras y Servicios (POS) o del Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL).