La decisión fue tomada por unanimidad el martes por el máximo órgano de gobierno de la Cámara Baja con el respaldo de los miembros del PP, PSOE y CiU. En sendos escritos remitidos a los dos parlamentarios, firmados por el presidente del Congreso, Jesús Posada, la Mesa justifica la medida en la aplicación de tres artículos de Constitución, el 56.3, el 65 y el 66.

El primero de ellos indica que "la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad". El artículo 65 es utilizado para justificar el rechazo a las preguntas referidas al coste económico de la cacería en el país africano, a qué partidas fue cargado y a qué otras personas, además del rey, se pagó el viaje a Botsuana, entre otras cuestiones.

La Constitución señala también que "el Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma". Desde IU esta decisión se valora como “un claro veto a la información parlamentaria de los diputados en sus iniciativas hacia el Gobierno”.

En el breve razonamiento remitido a los diputados de IU la Mesa asegura que no procede la admisión a trámite de las 11 preguntas “por versar sobre materias a las que son de aplicación los artículos 56.3 y 65 de la Constitución española y no sometidas por tanto al control parlamentario de la Cámara”.

“Las preguntas", añade, "se refieren a materias ajenas al Gobierno, por lo que no pueden considerarse ejercicio de la facultad de control por parte de los diputados en los términos que el artículo 66 de la Constitución española configura dicha función, sino que supondría, de facto, un control indirecto sobre terceros no sometidos a aquél”.

Las preguntas vetadas son: "¿Piensa el Gobierno solicitar a la Casa del Rey información sobre los patrocinadores de la cacería del Rey en Botsuana, quién la pagó y cuánto costó?".

"¿Piensa el Gobierno solicitar a la Casa del Rey que informe sobre el coste de la cacería para los ciudadanos que pagan sus impuestos, sobre el coste del viaje, estancia y participación en la cacería, incluido el desplazamiento eventual de escoltas y del médico del Jefe del Estado durante cinco días, así como de otros gastos abonados vía Presupuestos del Estado?".

"¿Piensa el Gobierno solicitar a la Casa del Rey si Juan Carlos I ha realizado durante los últimos años, algún tipo de gestión para favorecer los negocios de los patrocinadores de la cacería?".

Además, IU quería que el Gobierno diera su valorción sobre las repercusiones del viaje en las siguientes materias: oportunidad política; necesaria prudencia que debería observar un Jefe de Estado; riesgo para la integridad física del Rey; coste del viaje en la actual situación de crisis económica; impacto en la sensibilidad de la opinión pública; impacto en la sensibilidad de la opinión pública contraria a la caza de animales pacíficos como los elefantes, que ya son víctimas de quienes comercian con sus colmillos de marfil.

De igual modo se han rechazado preguntas sobre el coste del viaje, quién sufragó los gastos y si supuso algún coste para el erario público y, finalmente, también ha sido rechazado un bloque de

cinco preguntas sobre el papel de "doña Corina" como "representante del Rey", su condición de "consejera estratégica" en las relaciones de España con Rarabia Saudí, la autorización del Gobierno para ajercer esas funciones y las gestiones que haya podio realizar dentro de alguna delegación oficial española.