El texto salió adelante con 155 votos a favor, 59 contra y 5 abstenciones. A los votos del PP se sumaron los de CiU, UPN y Foro. Por su parte, PNV y Coalición Canaria se abstuvieron, y PSOE, Entesa pel Progrés de Catalunya, EA y una senadora independiente votaron en contra.

Además, todas las enmiendas que quedaban vivas, casi un centenar, fueron rechazadas.

Esta norma, que desarrolla la reforma de la Constitución acordada por PSOE y PP el verano pasado, obligará a todas las administraciones a presentar equilibrio o superávit en sus cuentas y prohibirá que incurran en déficit estructural, salvo en situaciones excepcionales.

El texto establece un periodo transitorio hasta 2020 a efectos de convergencia y de conseguir el déficit cero, y permite al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas enviar una delegación para valorar la situación económica y presupuestaria de las administraciones que incumplan.

ENTRADA EN VIGOR

El titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, destacó en el debate en el Pleno la importancia de esta norma, ya que supone el compromiso de todas las administraciones públicas con la estabilidad presupuestaria y con una gestión transparente de las finanzas públicas.

“Es una ley para aplicarla ya, para que la tengamos en vigor el 1 de mayo” y “sea garantía de que España va a cumplir con su déficit público”, agregó el ministro.

RECHAZO VETO

A la ley se presentó un veto por parte de dos miembros del grupo Entesa Catalana pel Progrés de Catalunya, que fue defendida por el senador Jordi Guillot, quien señaló que la norma “invade competencias” y recoge objetivos que “no se van a poder cumplir”, lo que consideró “no es serio”.

El veto fue rechazado con 173 votos en contra al mismo, 4 a favor y 70 abstenciones. Una vez superado este trámite se produjo el debate de las enmiendas parciales a la ley, que sumaban casi un centenar.

APOYOS Y CRÍTICAS

Desde las filas del PP, la senadora María del Mar Angula pidió el apoyo de los grupos a la norma porque supone un respaldo, dijo, a la “estabilidad”, “credibilidad”, al “compromiso asumido por las administraciones públicas” y “garantiza el futuro del Estado del bienestar”.

Por parte de CiU, el senador Ferrán Bell indicó que apoyarán la Ley de Estabilidad Presupuestaria “por responsabilidad”, y agregó que una nueva norma sobre esta materia era “necesaria”.

El senador del PSOE Juan María Vázquez lamentó que no haya habido consenso con el Gobierno para llegar a un acuerdo y poder apoyar la Ley de Estabilidad, ya que aseguró que “no han demostrado ninguna voluntad de acuerdo político”.

Los socialistas criticaron la “obsesión por los recortes” del Gobierno, y señaló que “si no rectifican pronto, nos encaminamos de la recesión a la depresión y al paro más galopante”.