En un comunicado difundido por el Ministerio de Asuntos Exteriore y de Cooperación, el Gobierno califica la decisión de "muy grave", puesto que "crea nuevos asentamientos y establece un peligroso precedente para el resto de enclaves ilegales".

Pare el Ejecutivo español, "estos enclaves, como el resto de asentamientos construidos en los territorios ocupados, son ilegales, según el Derecho Internacional, y obstaculizan la consecución de un futuro acuerdo de paz, ya que pueden afectar a la continuidad geográfica del futuro estado palestino".

Además, España considera que esta decisión debilita los esfuerzos diplomáticos en curso para recomponer la confianza entre las partes, como la declaración del Cuarteto del pasado 11 de abril y la carta del presidente palestino, Mahmud Abbas, al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el pasado 17 de abril.