La exministra y secretaria de Políticas Sociales del PSOE, Trinidad Jiménez, y el portavoz de Sanidad en el Congreso de los Diputados, José Martínez Olmos, expusieron en rueda de prensa las consecuencias que temen del decreto aprobado el pasado viernes.

En primer lugar, Jiménez aclaró que la mitad de la deuda de 16.000 millones que el Gobierno atribuye a sus predecesores corresponde a comunidades autónomas gobernadas por el PP desde hace años, como la valenciana.

Reiteró además que gracias a las medidas tomadas por el anterior Gobierno, el coste total del sistema sanitario se redujo desde 70.000 a 53.000 millones sin afectar al modelo ni a la cartera de prestaciones, y la factura de farmacia se redujo en cerca de 6.000 millones.

Los socialistas insisten en que el decreto implica cambiar el modelo de asistencia universal, en el que la sanidad se paga con los impuestos, por uno “de aseguramiento” en que sólo se puede acceder a la atención sanitaria pública si se cotiza a la Seguridad Social.

Jiménez considera evidente que el decreto no se ha redactado en el Ministerio de Sanidad sino en el de Economía o el de Hacienda, porque tiene “lagunas” impensables en una gestión sanitaria y que el Gobierno tiene que aclarar.

Por ejemplo, denunció, la redacción literal del decreto “deja en el aire” a los jóvenes mayores de 26 años que hayan salido de la unidad familiar pero nunca hayan cotizado, o a otro colectivo tan numeroso como las mujeres que se hayan divorciado sin haber cotizado nunca y que tengan pensión compensatoria o patrimonio, por lo que no puedan ser acreditadas como personas sin ingresos.

Reiteran que el problema de los extranjeros está en parte resuelto desde 2010 con la firma de la Directiva Transfronteriza de Servicios, y creen “inhumano” limitar la asistencia a los inmigrantes.

El ahorro será “mínimo” porque los inmigrantes, aseguró Jiménez, en su mayor parte “jóvenes sanos”, hacen un uso escaso de la sanidad. Pero, además, alertó Martínez Olmos, los españoles “veremos enfermar y morir” a muchos de esos ciudadanos por no recibir atención médica.

En el caso de los españoles, dicen en el PSOE, también empeorarán los indicadores de salud por la aplicación de la letra pequeña de ese decreto.

En primer lugar, porque además del copago en medicamentos, “que ya nos parecía grave”, se introduce en otras prestaciones como sillas de ruedas, collarines o muletas que nadie “utiliza por capricho” sino siempre por prescripción médica.

Además, no se considera urgente y, por tanto, queda fuera de la subvención completa, el transporte de enfermos en zonas rurales que tienen que acudir a consulta o a hacerse pruebas, o a las sesiones de hemodiálisis, por ejemplo.

La posibilidad de sacar de la cobertura a determinados medicamentos es “injusto”, denunció la dirigente socialista, porque pese a tratar síntomas leves hay enfermos que los necesitan diariamente, y pueden subir de precio si quedan en el mercado libre.

Además, el supuesto ahorro pretendido puede anularse si los médicos buscan la forma de recetar otro similar que esté financiado.

Martínez Olmos alertó especialmente del caso de los enfermos crónicos polimedicados, sobre todo mayores, y puso un ejemplo concreto y real de un pensionista que cobra unos 600 euros al mes y tendrá que adelantar 24 por el 10% de sus medicamentos.

Si la comunidad autónoma en la que vive agota el plazo de seis meses para revolverle los 16 mensuales que exceden el tope, cuando reciba esa devolución habrá adelantado el 4% de su pensión, mucho más del 1% que el Gobierno le ha subido.

Pero lo más grave, alertó, es que si ese enfermo decide por su cuenta no adquirir alguno de esos medicamentos para no pagarlo, puede empeorar su situación clínica y la atención requerida costará más al sistema.

Todas estas medidas, alertan desde el PSOE, no persiguen financiar mejor la sanidad, sino únicamente contribuir a reducir el déficit. Por tanto, si no se ahorra lo pretendido, como los socialistas creen probable que ocurra, “vendrán más” recortes y con ellos la salud de los ciudadanos seguirá empeorando.