García-Margallo aprovechó para ello la pregunta que le formuló en la sesión de control al Gobierno en el Senado la parlamentaria del PNV Miren Leanizbarrutia, que cuestionó en concreto el apoyo de la Comisión Europea.

La senadora nacionalista recordó que, desde el Tratado de Lisboa, la Comisión tiene competencias e instrumentos para defender a las empresas europeas en el exterior, pero ha dicho que de momento descarta medidas contra el Gobierno argentino esperando la resolución del conflicto por medio del diálogo.

El ministro corroboró que el artículo 207 del Tratado capacita a la Comisión para estos menesteres, pero precisó que no está desarrollado y que para el caso de YPF el Ejecutivo comunitario se ve condicionado por los acuerdos bilaterales con Argentina. "Pero el apoyo ha sido total", aseguró, citando las declaraciones de algunos dirigentes de la UE, y aprovechó la ocasión para agradecerlo.

García-Margallo repitió las medidas que se están estudiando en el seno de la UE para presionar a Argentina; por antonomasia, adelantar todas las acciones contra Argentina al amparo de la OMC, como el fin del sistema de preferencias arancelarias y cambiar el enfoque región a región de la relación con Mercosur para sistituirlo por relaciones bilaterales con los países que respeten la seguridad jurídica.

Leanizbarrutia insistió en la necesidad de una "reacción contundente" por parte de la UE "para que nadie pueda tener las mismas tentaciones" que Argentina y anteriormente Venezuela de nacionalizar empresas y concluyó: "No podemos estar bailando tangos de una forma tan descarada", recordando que está en juego el dinero de muchos españoles que tienen acciones en Repsol, empresa hasta ahora propietaria de la mayor parte de YPF.

El ministro agradeció el apoyo del PNV en el contencioso y recordó que Repsol va a interponer una queja ante el tribunal de arbitraje internacional conocido por sus siglas Ciadi, aunque no se mostró muy optimista al respecto por la tradición de incumplimiento de sus laudos que arrastra Argentina.

Por eso, reiteró que a España sólo le queda intentar, en compañía de sus aliados internacionales, "hacer comprender" al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que la expropiación de YPF es un camino "especialmente malo" para su propio país, pues le conduciría al aislamiento internacional en un momento en que su situación económica es "muy delicada".