Según datos de la Secretaría de Estado de Asuntos Peniteciarios, la elevación de la edad penal a los 18 años afectaría actualmente a 235 jóvenes, lo que supone el 0,5 por ciento de la población reclusa española, que actualmente asciende a unas 48.000 personas.

Previsiblemente, todos los jóvenes de 16 y 17 años pasarían a depender de los centros de menores de las comunidades autónomas, aunque, según Asuntos Penitenciarios, su destino sería determinado por los jueces.

El ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, ha introducido en el anteproecto del Código Penal la elevación de la mayoría de la edad penal, que el anterior borrador de Tomás de la Quadra no recogía.

Esta medida tendrá que ser acompañada por una Ley Penal del Menor, que establecerá los canales necesarios para facilitar la reinserción social de estos jóvenes.

Según datos del Ministerio del Interior, la mayoría de las detenciones de menores de 16 años se producen por su implicación en robos, con intimidación o sin ellas, y delitos relacionados con drogas.

CONSENSO PARLMENTARIO

Las fuerzas políticas representadas en el Congreso respaldan el retraso de la mayoría de edad penal a los 18 años, al considerar una incongruencia el hecho de que la edad civil y la penal no coincidieran.

El Partido Popular solicitó, por medio de su diputada María Bernarda Barrios, el incremento del presupuesto asignado a centros de reinserción de menores.

Por su parte, Convergència i Unió apoyó en la tramitación del anterior anteproyecto de ley una enmienda que pedía establecer en os 18 años la mayoría de edad penal, incluso fue uno de los objetivos que se marcó el nuevo consejero de Justicia de la Generalitat, Antoni Isac, para su mandato.