En el texto, los dirigentes sindicales recuerdan al responsable de Justicia que el derecho de asistencia jurídica gratuita de los trabajadores, “con todas sus consecuencias procesales, viene rigiendo ininterrumpidamente en España desde hace más de un siglo”.

Górriz y Ferrer advierten sobre la posibilidad de que el Ministerio y el Gobierno incluyan a los trabajadores, los beneficiarios de la Seguridad Social, los funcionarios y el personal estatutario como sujetos obligados al pago de una nueva tasa para interponer recurso de suplicación o casación.