La jueza ha enviado a Fernández a la cárcel después de que la Fiscalía Anticorrupción pidiera ayer prisión comunicada y sin fianza para el exconsejero por su responsabilidad en la trama de los ERE. Exigió también una fianza para cubrir la responsabilidad civil de 890 millones de euros.

El Ministerio Público argumentó que durante su declaración no ha podido desvirtuar los seis delitos que la magistrada Mercedes Alaya le imputa. Además, entiende que existe riesgo de fuga. La reclamación de la Fiscalía fue secundada por el PP y el sindicato Manos Limpias, que ejercen la acusación popular.

"En este caso", señaló Centella a los periodistas en los pasillos del Congreso, "la justicia debe llegar hasta el final y también el Parlamento andaluz", que deberá tramitar la petición de IU de constituir una comisión de investigación en las próximas semanas.

A su entender, este caso debe servir para "dar ejemplo", por lo que es necesario que la justicia "actúe con rapidez" para que una situación así "no se pueda repetir más, ni en Andalucía ni en cualquier otra administración".