Los veintisiete discutieron el pasado 22 de marzo el nuevo mandato de la misión de la UE contra la piratería, conocida como Operación Atalanta. El objetivo último de la reunión fue autorizar a la fuerza multinacional desplegada en la zona para que puedan entrar en las aguas territoriales e internas de Somalia y atacar por vía marítima y aérea las bases logísticas de los piratas a lo largo de la costa somalí.

IU entiende que el envío de tropas para incursiones terrestres supone un cambio en el objetivo autorizado por la Cámara en su día y que, por tanto, requiere una nueva autorización. De no hacerlo, advirtió Centella, el Gobierno se estará "saltando la ley y ninguneando al Parlamento".

INCURSIONES TERRESTRES

La Unión Europea autorizó a los buques que vigilan la seguridad de la flota pesquera internacional a utilizar fuego de misil para destruir los depósitos de carburante que tienen los piratas alojados a lo largo de la costa de Somalia.

El Gobierno, que transmitió estos cambios a los portavoces de Defensa, advirtió de que ninguno de ellos requiere la autorización expresa del Parlamento, que ya votó a favor de la participación española en la misión.

También se aprobó la prolongación del mandato de la misión dos años más, hasta el 12 de diciembre de 2014, así como la ampliación de su zona de operaciones al "territorio costero somalí y sus aguas internas y las áreas marítimas frente a las costas de Somalia y los países vecinos dentro de la región del Océano Índico", después de que España y Alemania levantaran sus reservas.

El nuevo mandato autorizará también a desplegar destacamentos de unos 15 militares europeos armados en los buques del Programa Mundial de Alimentos.

La autorización para estos nuevos ataques la decidirá el comandante de la misión "caso por caso" y serán ejecutadas por el comandante de la fuerza de mando, que actualmente ostenta el contraalmirante español Jorge Manso.

Estas modificaciones descartan, sin embargo, un despliegue terrestre de las fuerzas participantes en la Operación Atalanta, aunque no se elimina la posibilidad de negociaciones bilaterales de cada uno de los países participantes con las autoridades somalíes para poder abordar acciones "fuera del mandato" de la misión internacional.