Tras la reunión, los responsables de CCOO y UGT, en declaraciones a los medios de comunicación, se mostraron confiados en que la defensora del Pueblo tramite un recurso ante el Tribunal Constitucional contra esta reforma.

Méndez subrayó que el documento que han entregado a Cava de Llano recoge un recurso “asentado sobre ocho motivos muy bien argumentados y de mucha fortaleza jurídica, donde demostramos feacientemente la inconstitucionalidad flagrante del real decreto”.

Por su parte, Toxo aseguró que el recurso “tiene anclajes sólidos para que sea considerado por la defensora del Pueblo”, por lo que espera que antes del 11 de mayo, cuando finaliza el plazo de interposición de este tipo de recursos ante el Constitucional, “pueda sustanciarse la misma”.

Además, el líder de CCOO apuntó que Cava de Llano les ha trasladado que ya había recibido peticiones para presentar un recurso contra la reforma, pero añadió que “intuía” que el elaborado por las organizaciones sindicales era “el más fundamentado”.

El recurso de los sindicatos se basa en ocho puntos, siendo el primero el del procedimiento utilizado por el Gobierno para la aprobación de la reforma, es decir, el real decreto.

Las organizaciones sindicales sostienen que “no hay razones suficientes para respaldar esta fórmula por vía urgente”, sobre todo teniendo en cuenta que el propio Gobierno “ha manifestado que –la reforma- no tendrá efectos en el corto plazo”.

Por esta razón, Méndez aseveró que los propios argumentos del Ejecutivo “justifican impugnar el procedimiento”.

Además, defienden que por la vía del decreto ley “no se pueden coartar derechos fundamentales de los trabajadores”, algo que ocurre con esta reforma “injusta, desequilibrada y muy nociva que en el corto plazo está provocando una mayor destrucción de empleo”.

En cuanto al contenido de la reforma, los sindicatos aducen que establece unas fórmulas de despido que “suponen una vulneración clara de la tutela judicial efectiva”.

También sostienen que la imposición de la decisión unilateral del empresario supone una “vulneración del derecho fundamental de la negociación colectiva”.

Asimismo, critican que el Ejecutivo no haya negociado con los agentes sociales la reforma antes ni después de su aprobación.

Según Toxo, la reforma “no justifica romper una tradición de diálogo social consolidada durante tres décadas en España que, con altos y bajos, ha dado resultados más que apreciables y que el Gobierno actual no ha querido ni tan siquiera explorar”.

Otros puntos que los sindicatos consideran que contravienen la Constitución tienen que ver con el derecho al trabajo, a la igualdad de trato, con las formas de contratación y otros elementos, como la libertad sindical.

Por último, Méndez concluyó que las organizaciones sindicales “hemos argumentado los motivos técnicamente muy bien, de forma que nos permiten alentar expectativas fundadas de que se declare inconstitucional”.