Tras exponer el caso en el Consejo de ministros de Asuntos Exteriores de la UE, García-Margallo admitió que nadie puede discutir la aspiración a la soberanía energética por parte de Argentina y que su Gobierno puede expropiar una empresa, aunque a él le parezca un error.

Eso sí, puntualizó, tiene que hacerlo “de acuerdo con los procedimientos legales y pagando el justo precio” por YPF, cuyas acciones se han devaluado un 60% por la política gradual de acoso a la que le ha sometido Buenos Aires para poder nacionalizarla “a precio de saldo”.

Según explicó, el Gobierno apoyará la reclamación que llevará Repsol ante la Corte Internacional de Arbitraje de Londres (CIAL) para lograr una tasación justa de su valor. “Es lo más que podemos hacer”, se resignó.

No obstante, apuntó que tiene “escasa confianza” en la previsible sentencia que dictará a favor de la empresa española, porque Argentina “tiene el recórd mundial de incumplimiento de sus laudos”, con 49 casos pendientes, la cuarta parte del total.

“Argentina está peleada con medio mundo en este momento”, denunció, antes de advertir que si el CIAL estableciera un valor de YPF sobre el que basar la indemnización y luego el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no lo cumpliera, provocaría un “choque de trenes”.

El ministro advirtió también de que la nacionalización de YPF no será tal, sino la mera sustitución de un socio privado (Repsol) por otro no europeo, puesto que el Gobierno argentino por sí solo no podrá hacerse cargo de las obligaciones e inversiones de la petrolera.

UN TEMA EUROPEO

En ese sentido y según su propio testimonio, describió el contencioso ante sus colegas como un acontecimiento no únicamente español, sino europeo, porque afecta al punto del Tratado de Lisboa que se conjura para proteger las inversiones europeas en el extranjero y rompe los principios de seguridad jurídica.

Como medidas concretas, García-Margallo explicó que había sugerido que la UE active ante la OCDE todas las reclamaciones en materia comercial que tenga contra Argentina, excluirla del del sistema de preferencias antes de su vencimiento en 2014 y abrir una reflexión sobre si se ha de seguir impulsando las negociaciones con Mercosur, de las que subrayó que España ha sido su principal artífice.

Para no perjudicar al resto de países miembros, abogó por entablar negociaciones bilaterales con quienes deseen seguir profundizando en las relaciones comerciales, como se hizo con la Comunidad Andina para salvar las reticencias de Bolivia y Ecuador.

El ministro de Exteriores insistió en que el Gobierno había negociado “hasta la extenuación” con Argentina y hasta había logrado el aplazamiento de la decisión sobre YPF en dos ocasiones, y también en que intenta avisar a Argentina de que tal decisión es contraria a sus propios intereses por el peligro de ahuyentar a los inversores, no causar daños a sus ciudadanos.

No obstante, García-Margallo también justificó la ofensiva diplomática de su departamento alegando que “la diplomacia consiste en defender a los españoles”, de los cuales hay “millones” entre los accionistas de Repsol.

Por eso, avisó a Argentina de que el Gobierno hará lo posible por defenderlos, mediante el diálogo o, si éste falla, “a través de cualquier otro método lícito en el derecho de gentes” y buscando las alianzas oportunas.

Reiterando su habitual máxima de que para que a un país le tomen en serio ha de "actuar como una gran nación y ser una gran nación", aseguró que mantendrá su “determinación” para proseguir con una iniciativa que, aseguró, ya ha dado resultados “importantes”.