Tanto el Cermi estatal como el regional de Madrid consideran que estas conductas son "absolutamente condenables" y que merecen por tanto "el máximo reproche que contemple la legislación penal española".

En la trama, explicó este lunes el Cermi estatal, no solo se usa indebidamente la imagen social de las personas con discapacidad, "sino que personas con discapacidad concretas han visto violados sus derechos humanos más básicos, para alimentar la avidez lucrativa de redes criminales".

Por eso, prosiguió el Cermi estatal, como mecanismo independiente para el seguimiento de la aplicación en España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, "instará a la acción de la Justicia para la persecución y castigo de estas presuntas prácticas delictivas".

Y se personará directamente, además, en el procedimiento penal como acusación, si las normas procesales lo permiten, o apoyando la labor del Ministerio Fiscal, como acusación pública.

Finalmente, el sector de la discapacidad felicita a las fuerzas y cuerpos de seguridad por esta actuación que ha permitido desmantelar una trama que vulneraba sistemáticamente los derechos más elementales de personas con discapacidad en situación de extrema necesidad social.