Así se pronunció la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Sáenz de Santamaría explicó que la reforma del Código Penal anunciada por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, pretende evitar nuevos episodios violentos como los sucedidos en los últimos meses en la Comunidad Valenciana y Cataluña.

Señaló que el Gobierno busca proteger a quienes acuden a esas manifestaciones para que puedan ejercer libremente sus derechos sin que se vean atacados por grupos radicales.

En este sentido, Sáenz de Santamaría garantizó que la reforma del Código Penal que prepara el Gobierno contendrá "una respuesta proporcionada y equilibrada a ese tipo de actuaciones".

La reforma del Código Penal que está preparando el Gobierno plantea equiparar el castigo para actos vandálicos al terrorismo callejero porque, a su juicio, existe una "espiral de violencia" protagonizada por los colectivos antisistema, que usan técnicas de "guerrilla urbana".

En este sentido, podría suponer elevar las penas mínimas de cárcel a dos años para todos aquellos que participen en actos vandálicos, la misma que ahora se aplica a la "kale borroka". El ministro del Interior explicó la semana pasada que su intención es incluir como delito de atentado a la autoridad la resistencia pasiva o activa e introducir los supuestos de ataque violento contra un policía, las amenazas y los comportamientos intimidatorios o el lanzamiento de objetos peligrosos.

Además, quiere que se considere como agravante el uso de violencia en manifestaciones o concentraciones y se calificará como delito de desorden público la penetración en establecimientos públicos o el obstáculo al acceso a los mismos.