Dependencia. Feaps teme que el copago llegue a la dependencia

- Pide que se fije una "renta exenta suficiente para evitar el efecto confiscatorio" de la medida

MADRID
SERVIMEDIA

La Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (Feaps) teme que el copago llegue también al Sistema de Dependencia y pide al Gobierno que fije "una renta exenta suficiente para evitar el efecto confiscatorio que en muchos casos produce este copago".

"En una situación especial de crisis como la que vivimos actualmente, Feaps muestra su preocupación por la eventual aplicación del copago en este ámbito de la dependencia, que puede suponer un grave riesgo de desigualdad para muchas personas con discapacidad intelectual y sus familias", afirma la entidad.

La confederación hace esta reflexión tras conocer que Ejecutivo central y CCAA están evaluando los resultados de la puesta en marcha del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (Saad) para modificar los aspectos que a su juicio puedan mejorarse.

Desde esta perspectiva, pide al Gobierno que si modifica el baremo por el que se rige la entrada de beneficiarios al Sistema de Dependencia lo haga "de forma expansiva y no restrictiva", para garantizar con ello la adecuada atención a los ciudadanos con discapacidad intelectual o del desarrollo.

Puesto que Feaps estima que el aplazamiento de la entrada en el sistema de los dependientes moderados repercutirá en unas 24.000 personas con discapacidad intelectual, teme que las reformas que se acometan tras el examen del Saad influyan también negativamente en este colectivo.

Por otra parte, la organización entiende que la cartera de servicios del Saad debe enfocarse más hacia los apoyos que necesitan las personas y sus familias, y no tanto a las prestaciones económicas "o a la asignación de recursos inadecuados o contra la voluntad de los interesados".

Igualmente, prosigue Feaps, el Gobierno apuesta por emplear la red pública de servicios sociales en lugar de ofrecer con carácter habitual prestaciones económicas. Sin embargo, asegura, en la actualidad hay 300.000 personas con derecho reconocido a la cobertura de servicios que no los reciben y que están en lista de espera.

Por tanto, la entidad alerta de la necesidad de garantizar unas infraestructuras suficientes que eviten un aumento de personas desatendidas por el sistema.

(SERVIMEDIA)
19 Abr 2012
IGA/gja