En rueda de prensa, la secretaria de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez, expresó el rechazo frontal al copago farmacéutico anunciado por el Gobierno en coherencia con su oposición a cualquier tipo de medida “que suponga pérdida de calidad asistencial y genere inseguridad o inequidad entre los ciudadanos”.

Jiménez aseguró que el PSOE no será “cómplice” de unas medidas que suponen “el desmantelamiento” del sistema y castiga a los sectores más vulnerables, ni permitirá que el PP “utilice la coartada de la crisis para cambiar el modelo”.

Además de “injustas”, el PSOE considera que las medidas son “ineficientes” porque en farmacia ahorrarán como mucho mil millones, no los 3.000 que dice el Gobierno, entre otras cosas porque “no tiene en cuenta el coste administrativo tan importante” que implica su puesta en marcha.

Según el PSOE, será necesaria una ley que autorice expresamente a Hacienda a pasar a otras administraciones los datos fiscales de los contribuyentes, habrá que cruzar los datos de la Agencia Tributaria, incorporarlos a los 47 millones de tarjetas sanitarias y modificarlas cada vez que cambie la situación laboral del paciente y cambie de baremo de renta.

Además, precisan los socialistas, la capacidad de pago no sólo depende de la renta declarada a Hacienda, sino de “otros factores” que no se tienen en cuenta, como el patrimonio.

Jiménez recordó que sólo el 0,8% de los contribuyentes declara ingresos superiores a 100.000 euros, y si se trata de inyectar liquidez al sistema hay otras opciones, como subir impuestos al alcohol de alta graduación o al tabaco y dotarlos de carácter finalista para financiar la sanidad.

Asimismo, la dirigente socialista se preguntó de dónde piensa sacar el Gobierno el resto del ahorro que estima con estas medidas, y rechazó que pueda proceder del recorte de prestaciones a los extranjeros, porque eso ya se solucionó con la Directiva Transfonteriza de Servicios que se aprobó en junio de 2010 después de ocho años de debates.

Con esa norma se acordó que las prestaciones a los extranjeros empadronados en España y que se trasladen a su país de origen correrán a cargo de ese país, por lo que ese goteo, aseguró, ya no existe.

A pesar de rechazar las medidas, el PSOE entiende que supondrán una obligación legal que deberán cumplir todas las comunidades autonómas, también las gobernadas por socialistas.