La consejera andaluza de Hacienda y Administración Pública en funciones, Carmen Martínez Aguayo informó este martes al Consejo de Gobierno de esta decisión, con la que la Administración autonómica cumple los plazos fijados en dicho acuerdo.

En total son 772.753 que suponen un importe global de 2.763,3 millones de euros, correspondientes a consejerías, agencias administrativas y de régimen especial, Servicio Andaluz de Salud (SAS) y entes instrumentales considerados Administración a efectos de contabilidad nacional. Afectan a 5.107 proveedores, de los cuales 3.937 son sociedades (personas jurídicas) y 1.170 son autónomos o empresas unipersonales (personas físicas).

La Consejería de Hacienda ha habilitado distintos medios para que los proveedores puedan acceder al mecanismo extraordinario de financiación de una manera rápida y fácil, así como un dispositivo de apoyo y consultas para todos los órganos gestores implicados.

Desde el día 15 de abril, todos los proveedores del sector público andaluz tienen un acceso en la página web “www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/” en el que pueden comprobar la relación de facturas de su titularidad y solicitar certificaciones individuales para las que no hayan sido incluidas en la relación remitida al Ministerio.

Estas últimas se podrán enviar por correo electrónico desde la misma página de acceso. Así, cualquier error u omisión podrá ser subsanado y serán incluidas todas las facturas que se soliciten y cumplan los requisitos establecidos.

Este sitio web ofrece además información general del mecanismo de financiación y su procedimiento posterior, ya que los proveedores, una vez que comprueben que todas las facturas de las que son acreedores están incluidas en la relación certificada, deberán acceder a la página de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y manifestar expresamente que se acogen a la fórmula extraordinaria de cobro de todas, ninguna o parte de las mismas. Este acceso estará operativo a partir del 2 de mayo.

Las facturas incluidas en la relación cumplen, según consta en certificados de las entidades acreedoras, con los requisitos exigidos en los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera y de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Entre estas condiciones figuran las de ser vencidas, líquidas, exigibles y constar registro de entrada en la Administración autonómica con fecha anterior al 1 de enero de 2012.