Según informó la compañía, no se ha justificado de forma alguna la utilidad pública que se persigue con la misma, y supone un "patente" incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado argentino en la privatización de YPF, "violando así los más fundamentales principios de seguridad jurídica y de confianza de la comunidad inversora internacional".

Por ello, Repsol llevará a cabo "todas las medidas legales que procedan para preservar el valor de todos sus activos y los intereses de todos sus accionistas".

El Grupo Repsol tiene una participación del 57,43% en el capital de YPF, con un valor contable en sus estados financieros consolidados a 31 de diciembre de 2011 de 4.122 millones de euros.

Adicionalmente, Repsol YPF mantiene un préstamo con el Grupo Petersen valorado en esa fecha en 1.542 millones de euros. YPF representó en 2011 un 25,6% del resultado operativo del Grupo y un 21% del resultado neto. En ese ejercicio, las inversiones de explotación de YPF supusieron el 33,7% de las totales del Grupo.

Por otra parte, como consecuencia de la medida anunciada por el Gobierno argentino, la deuda neta del Grupo se reducirá en aproximadamente 1.600 millones de euros.