La AUGC informó de que este viernes se reunió con la Dirección General del Instituto Armado para trasladar su “total oposición” a que se privatice la seguridad de los centros penitenciarios.

Según la AUGC, “esta decisión política va a tener en los guardias civiles afectados”. A juicio de este colectivo, “si de lo que se trata es de paliar la falta de personal, en la actualidad hay más de 1.200 guardias civiles realizando labores de fontanería, electricidad, pintura, etc. y que pueden y deben ser recuperados para su profesión policial”.

Asimismo, esta asociación de guardias civiles añadió que, una vez tomada la decisión por parte de sus mandos, “vigilarán” el futuro profesional de los miembros del Instituto Armado que actualmente prestan servicio en las prisiones.

Al mismo tiempo, AUGC sostuvo que los responsables de la Guardia Civiles les han trasladado que “de llevarse a cabo, la privatización de la seguridad de las cárceles se hará de forma paulatina e intentando en lo menos posible que afecte a los agentes y a sus familias”. A este respecto, la dirección de la Benemérita incluso ha trasladado que “habrá algunas unidades que no se verán afectadas”.