La ONG conservacionista considera que "es imposible avanzar hacia un mundo post-petrolero mientras el control de los campos y de la actividad petrolera esté en manos de empresas privadas. De este modo, el control público de una empresa como YPF es un paso adelante", aunque reconoce que "las razones por las que el Gobierno argentino se está planteando la nacionalización no son precisamente las ambientales".

Asimismo considera que Repsol no es una empresa española, "sino de sus accionistas. No existe ningún control público sobre sus actividades, ni sus beneficios redundan en la ciudadanía española de forma significativa. Además, el 42% de las acciones está en manos de fondos de inversión que no tienen su sede en España, a lo que hay que sumar el 9,48% que está en manos de Pemex. Es decir, más de un 50% de la compañía pertenece a personas o entidades radicadas en terceros países".

Para Ecologistas en Acción, "la defensa de los intereses de Repsol por parte del Gobierno solo puede ser explicada por una visión colonialista de las relaciones internacionales y por la supeditación de las instituciones públicas a los intereses privados de las empresas, en este caso Repsol".