Así lo indicó este jueves la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, tras la reunión mantenida, en el Consejo Territorial de Dependencia, con los consejeros que tienen competencias en la gestión de la dependencia.

En el encuentro de este jueves, primero de estas características que se celebra en la legislatura, Mato y las comunidades acordaron hacer una evaluación de la aplicación de la Ley de Dependencia, que quieren tener terminada en un mes para, en el plazo de otros 30 días desde entonces, poder contar con una serie de medidas que mejoren el sistema, que, coincidieron, tiene algunos "desfases".

De esta forma, prosiguió Mato, la idea es que en junio se puedan debatir ya las propuestas conjuntas de Ejecutivo y CCAA y, si es posible, aprobarlas.

UN SISTEMA, NO 17

Con este examen y posteriores medidas se pretende acabar con los "17 sistemas diferentes" existentes en la actualidad y construir uno solo "viable y sostenible en el tiempo".

Y es que, en opinión de la titular de Servicios Sociales, el Sistema de Dependencia entró en vigor de una forma un tanto "precipitada" y presenta "desfases" entre las previsiones de financiación y de beneficiarios y los resultados reales.

Además, dijo, en los últimos años "se ha sacrificado" la prestación de algunos servicios sociales por la dependencia y esto hay que revertirlo, porque tan necesarios son unos como otros.

Otro problema que según la ministra coinciden en señalar Gobierno central y autonomías es el de los cuidadores familiares, que la ley preveía como excepciones y que se están convirtiendo en la regla general.

Esto no significa, aclaró Mato, que se quiera acabar con este tipo de cuidados. Lo que se pretende es ofrecerlos cuando sean necesarios y puedan prestarse con calidad, cosa que ahora no siempre ocurre.

Para analizar la aplicación de la norma y el funcionamiento del SAAD, Ministerio y CCAA han creado cuatro grupos que trabajarán en la evaluación del baremo de valoración de la dependencia, en la calidad y adecuación de la cartera básica de servicios a la situación actual de los dependientes, en el procedimiento de tramitación para el acceso a las prestaciones y en aspectos económicos de atención a la dependencia.

NINGÚN DEPENDIENTE SIN ATENCIÓN

En cuanto a la supresión del dinero para el llamado nivel acordado, el que el Ejecutivo central daba a las CCAA para ayudarlas a sufragar los gastos de la dependencia, Mato señaló que es una medida adoptada como consecuencia de la actual situación económica heredada, que no supondrá, en ningún caso, dejar sin atención a ninguna persona que la precise.

"Ningún dependiente se quedará sin la protección mínima", aseguró la ministra, quien reiteró que la partida para ese nivel mínimo de atención se ha incrementado un 18%.

La receta que ofreció a las comunidades para poder atender adecuadamente a las personas dependientes es "hacer un esfuerzo y ahorrar en otros gastos" que no tengan que ver con la dependencia, que deberían priorizar.

Finalmente, la ministra indicó que el paso dado este jueves entre Gobierno y CCAA supone el primer escalón para alcanzar el Pacto por la Sanidad y los Servicios Sociales que su Ejecutivo se ha propuesto.