La medida salió adelante con 194 votos a favor y 137 en contra. A los votos favorables del PP se sumaron los de CiU. Además, con 179 votos en contra se decidió no tramitar la norma como proyecto de ley.

En la norma se establece un gravamen especial para favorecer el afloramiento de las rentas no declaradas, medida con la que el Gobierno espera recaudar 2.500 millones de euros este año.

En concreto, se aplicará un gravamen del 10% en las rentas no declaradas de los contribuyentes del IRPF, el impuesto de sociedades y la renta de no residentes.

Además, se establece otro gravamen especial del 8% para la repatriación de dividendos o rentas derivadas de la transmisión de participaciones.

“MENOS PERJUDICIALES”

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, fue el encargado de defender la norma, y desde la tribuna aseguró que las medidas fiscales “son los menos perjudiciales” para el crecimiento económico.

Además, subrayó que evita tener que utilizar otros instrumentos tributarios, como es el IVA, que “dañarían claramente al consumo; no traería mayor recaudación y sí mayor perjuicio, posiblemente destrucción de puestos de trabajo y que siga la crisis”.

Desde el Ejecutivo señalaron también que las medidas fiscales “vuelven a ser selectivas” e “inciden en los agentes que mayor capacidad tienen de influir en el corto plazo”, para recordar que tienen una “finalización temporal bien expresa, bien explícita y bien clara”.

Por otra parte, el ministro quiso dejar claro que el Gobierno no ha aprobado ninguna amnistía fiscal, porque eso sería un “perdón a los procedimientos que están en curso”. Subrayó que “es un gravamen sobre la regularización de activos que están ocultos”, y aseguró que “su afloramiento será positivo para la recuperación económica”.

El portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, señaló que hay medidas que le gustan a su grupo y otras que no, y subrayó que hace falta “seguridad, certeza y claridad para que esta legislación sea un éxito”.

Sánchez Llibre destacó la necesidad de impulsar medidas de calado para eliminar la economía sumergida y el fraude fiscal.

CRÍTICAS AL GOBIERNO

La mayoría de los grupos parlamentarios se mostraron críticos con la propuesta del Gobierno, a quien acusaron de querer tapar con otras palabras lo que es realmente una amnistía fiscal.

Desde las filas del PSOE, el diputado Pedro Saura aseguró que la política tributaria del Gobierno “no genera ninguna confianza”, y señaló que la regularización es una “norma fiscal pro paraísos fiscales”. Además, aseguró que “no es buena desde ningún punto de vista”.

Por su parte, Alberto Garzón, del grupo La Izquierda Plural, acusó al Gobierno de “dar facilidades a esos agujeros negros” que son el fraude fiscal, y subrayó que “esta amnistía fiscal es la peor diseñada”, porque “su impacto fiscal es limitado” y genera un “problema moral”.

También mostraron su oposición a la medida el portavoz del PNV en el debate, Pedro Azpiazu, y el de UPyD, Álvaro Anchuelo, quien dijo que el Gobierno “ha vendido muy barata la conciencia fiscal” de los ciudadanos.

Por parte del Grupo Mixto intervinieron Francisco Jorquera (BNG), Teresa Jordá (ERC) y Rafael Larreina (Amaiur), quienes justificaron su voto en contra de la convalidación del real decreto por considerarlas no adecuadas.