Según los estatutos de Colegio de Abogados de Madrid, en su artículo 38, la solicitud de una Junta Extraordinaria por los abogados debe ser respaldada al menos por el 1% de los colegiados ejercientes. En este caso, las 1.160 firmas recogidas representan un apoyo del 2% de los colegiados, lo que convierte a esta solicitud en “la más respaldada de la historia de la Institución”, según explicó Gumpert en rueda de prensa.

La plataforma en Defensa de la Abogacía madrileña trabaja, desde el pasado mes de enero, para lograr una “mayor transparencia” en la toma de decisiones del Colegio y argumenta que, en la Junta en la que se aprobó la constitución de la mutua, “tan solo estaban presentes algo más de 500 colegiados, de un total de 64.000”.

La decisión fue respaldada por un total de 1.027 votos a favor, 660 en contra y 11 abstenciones, gracias a los votos delegados, con una limitación de 3 delegaciones por colegiado, limitación que a juicio de la Plataforma constituye una “grave irregularidad”, pues los estatutos del colegio no facultan a la Junta de Gobierno “para limitar en modo alguno la delegación, y, es en todo caso, una practica antidemocrática que perjudica al colegiado individual o de un despacho pequeño o mediano”.

Esta Plataforma denuncia que los abogados que aprobaron la constitución de la mutua, en noviembre de 2011, lo hicieron sin la información necesaria al respecto. De hecho, los estatutos de la nueva mutua “no se conocieron” hasta el pasado 15 de marzo, a través de la web del Colegio de Abogados. El conjunto de colegiados “no tuvo la oportunidad” de participar en la elaboración de los estatutos ni recibió ninguna información sobre la constitución de dicha mutua.

También lamenta que la actual Junta de Gobierno pretenda crear una Institución con el patrimonio del Colegio, pero cuya gestión no llevará éste. Entre las reivindicaciones de la Plataforma en Defensa de la Abogacía Madrileña está la de evitar la despatrimonialización del Colegio que conlleva el traspaso, sin ningún tipo de contraprestación, de dinero (6.144.425 euros) e inmuebles de la Institución a una Entidad completamente ajena a la misma.

También se pone de manifiesto la pérdida por parte del Colegio de Abogados de un ingreso anual cercano a los 27 millones de euros, representado por las primas/cuotas de los colegiados y sus familiares por el Servició Médico que recibirá la nueva aseguradora.

Además, se advierte que los estatutos de la nueva mutua recogen la posibilidad de convertirla en sociedad anónima. De esta forma, el actual Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid pretende crear una nueva compañía con el patrimonio del ICAM, que gestionaran miembros de la actual Junta de Gobierno.

“Se pueden estudiar todas las soluciones y alternativas posibles, pero no es admisible en modo alguno que con el patrimonio del Colegio de Abogados, y de los colegiados, se cree una aseguradora que después no dependa del Colegio”, según la Plataforma.

En definitiva, la Plataforma pide una nueva Junta Extraordinaria para que los colegiados voten la suspensión del acuerdo de extinción del Servicio Médico y la creación de la nueva mutua para estudiar otras alternativas.

Así mismo se solicita que la actual Junta de Gobierno actúe “de forma responsable” y dentro del marco estatutario sin limitar el número de delegaciones por colegiado para que todos los colegiados madrileños puedan asistir y ejercer en términos de igual el derecho de voto y delegación.