Esta fue la respuesta del titular de Interior a la diputada del PP María Ángeles Esteller en la sesión de control al Gobierno.

La reforma que piensa inpulsar el Gobiernoso supondrán elevar las penas mínimas de cárcel a dos años para todos aquellos que participen en actos vandálicos, la misma que ahora se aplica a la kale borroka.

Fernández Díaz aseguró que este tipo de acciones violentas se permiten desde hace "demasiado tiempo" en Barcelona, donde, por ejemplo, el día de la huelga general hubo destrozos por valor de medio millón de euros.

"No se trata solo de responder desde el Código Penal y el ordenamiento jurídico a iniciativas de guerrilla urbana que cada vez proliferan más en nuestras calles pero tampoco instalarnos en el buenismo jurídico", remachó.

El vandalismo es la puerta de entrada a la delincuencia y, por tanto, es "fundamental" una reforma "en profundidad" del ordenamiento jurídico que garantice la protección de la seguridad ciudadana.

El ministro explicó que su intención es incluir como delito de atentado a la autoridad la resistencia pasiva o activa e introducir los supuestos de ataque violento contra un policía, las amenazas y los comportamientos intimidatorios o el lanzamiento de objetos peligrosos.

Además quiere que se considerará como agravante el uso de violencia en manifestaciones o concentraciones y se considerará un delito de desorden público la penetración en establecimientos públicos o el obstáculo al acceso a los mismos.