En el último plenario, el "caso Gürtel" saltó a través del procurador Fernando Benito, que preguntó por contratos de la Junta con 30 empresas presuntamente vinculadas a la red de corrupción de Francisco Correa. Benito había formulado estas preguntas por escrito en el mes de febrero y, ante la falta de una respuesta, trasladó el asunto ante el hemiciclo.

A esta pregunta se une la proposición no de ley, registrada el pasado 14 de octubre para su debate y votación ante el pleno de la Cámara, a la que ha tenido acceso la agencia Ical, en la que los socialistas instan a la Junta tanto a asumir directamente como a hacer asumir en los casos que corresponda las responsabilidades políticas derivadas de irregularidades relacionadas con el caso Gürtel.

En la segunda parte de la iniciativa, la oposición socialista requiere a la Junta que colabore activamente en la investigación de las irregularidades que hubieran podido producirse en el seno de la Administración regional, a fin de que se puedan depurar las responsabilidades de todo tipo que hubiera lugar.

RAMIFICACIONES DE GÜRTEL

Los socialistas argumentan, en los antecedentes de su propuesta, que el llamado caso Gürtel no se ha quedado en la Comunidad Valenciana, sino que existirían personas implicadas en Castilla y León, y añaden que de los hechos derivarían responsabilidades que estarían relacionadas con la gestión de expedientes de contratación de la Junta de Castilla y León.

En este sentido, la oposición considera que no se debe retrasar la exigencia de responsabilidades políticas sobre la “base de la negación de lo evidente a la espera de que la tenaz realidad se imponga”. Así, el Grupo Socialista de la región da un paso más y pasa de la petición de explicaciones a la solicitud de responsabilidades políticas a la Junta.

INVESTIGACIONES POLICIALES

Las investigaciones policiales, trasladadas al Tribunal Supremo, citaban unas siglas que habían relacionado con el entonces consejero de Fomento y actual presidente de las Cortes regionales, José Manuel Fernández Santiago, en el presunto cobro de una comisión por la adjudicación de la variante de Ollero.

Fernández Santiago negó de manera rotunda que haya percibido alguna comisión durante su trayectoria política. También figura en la investigación el actual director general de Deportes, Miguel Ignacio González, al que se implica en un presunto vídeo en el que aparece cobrando, hecho que, igualmente, ha negado.

En línea con la proposición no de ley, la portavoz del Grupo Socialista, Ana Redondo, ha pedido al presidente de la Junta y del PP autonómico, Juan Vicente Herrera, que asuma su liderazgo y “aparte” a quienes puedan estar implicados y figuran en la investigación policial.