La formación apuesta por prohibir este tipo de agencias y añade que los servicios públicos de empleo podrán autorizar este tipo de entidades siempre y cuando “la remuneración que reciban del empresario o del trabajador se limite exclusivamente a los gastos ocasionados por los servicios prestados”.

Asimismo, IU propone introducir cambios en la contratación, estableciendo que todos los contratos serán por tiempo indefinido salvo aquellos para los que “existan causas para su temporalidad”.

En concreto, señala que las causas que permitirían formalizar un contrato temporal serán las de la realización de una obra o servicio determinado, por un incremento de la carga de trabajo que no fuera previsible, o para sustituir a un empleado con derecho a reserva del puesto de trabajo.

En el primer caso, la duración del contrato temporal será de un máximo de dos años ampliables a seis meses adicionales, mientras que en el segundo serán como mucho seis meses en un plazo de un año. En las sustituciones no se establece un periodo máximo, ya que depende de la baja del otro empleado.

Además, la formación que lidera Cayo Lara establece en sus enmiendas que cuando los contratos temporales superen los límites en su duración o se firmen en fraude de ley, los trabajadores pasarán automáticamente a ser fijos.