Esta decisión se enmarca en el acuerdo adoptado por el órgano de gobierno de los jueces en febrero de 2020, a propuesta de la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, con el fin de dar cumplimiento al Pacto de Estado firmado por todas las fuerzas parlamentarias en 2017 y al mandato contenido en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La atribución de estas tareas se ha tomado de acuerdo a los informes emitidos tanto por el Servicio de Inspección del CGPJ como por los Tribunales Superiores de Justicia y las distintas juntas sectoriales de jueces de lo penal y de acuerdo con la competencia que le otorga la LOPJ (art.98.1).

Serán los juzgados penales número 1 de Badajoz, número 1 de Logroño, número 2 de Lugo y el número 2 de Salamanca, con carácter exclusivo pero no excluyente. Y los Juzgados número 6 de Móstoles y número 3 de Donostia-San Sebastián, con carácter exclusivo y excluyente.