En rueda de prensa, la coordinadora de Ciudadanía de Entreculturas, Irene Ortega, destacó que la Convención de la ONU sobre la Infancia “lo deja muy claro: un niño es todo aquel menor de 18 años, y esto rige para toda la legislación”. España vulnera esta premisa “cuando lleva a cabo devoluciones sumarias de menores” y “en muchos casos de determinación de la edad”, y criticó la propuesta del Pacto Europeo de Migraciones por defender la detención de los mayores de 12 años en frontera.

En su opinión, todos los gobiernos de la UE y de Estados Unidos priorizan el control de los flujos migratorios frente al interés superior del menor, y esto es contrario a la convención de la ONU y al pacto Mundial, que “no los firmamos las ONG, sino los Estados”.

En concreto, prosiguió, el Pacto Mundial de Migraciones señala a los gobiernos tres obligaciones respecto a la infancia migrante: Proteger sus vidas y evitar que desaparezcan; garantizar la protección de sus derechos, y adaptar los mecanismos y procesos para dar respuesta a su realidad.

El primer punto implica que “la identificación de los niños sea algo prioritario en su llegada”, explicó Ortega. Del mismo modo, se les debe asegurar el acceso a la salud y a la educación, la no separación de sus familias y la asistencia letrada en su idioma.

El segundo, prosiguió, “supone revisar las leyes para aplicar un enfoque de infancia y corregir aquellas cuestiones que pueden tener efectos no deseados”. Finalmente, apuntó que “la mejora en la respuesta nos habla de tratarlos como menores de edad”, ponerlos bajo la protección de las autoridades de infancia “en cuanto lleguen”, garantizar “procesos amigables que puedan entender” y, mientras se determina su edad, “tratarles como a niños”.

Por todo ello, reclamó “despolitizar la acogida de los niños y las niñas migrantes” y “atender a su interés superior como piedra angular de las políticas públicas”.

VOLUNTAD POLÍTICA

La misma idea expresó Javier Moreno, abogado del servicio Jesuita a Migrantes que trabaja en Melilla. En su opinión, “la falta de voluntad política de las administraciones impide prestar una protección integral a los menores que llegan solos, como dice nuestra ley”. “Melilla, como ciudad fronteriza, se convierte en un laberinto burocrático engorroso e imposible para ellos”, lamentó.

“Si a los adultos les resulta muy difícil, imaginen a un menor” al que no le atienden en su idioma, al que piden una documentación de su país de origen y al que no se le presta asistencia jurídica, propuso Moreno. A su juicio, ni se les facilitan los trámites, ni se procura su escolarización inmediata ni se les ofrece asistencia, y ello es debido al “supuesto efecto llamada”.

Aunque sabemos que no es así, se deben pensar que, si se les ofrece una protección integral, vendrán muchos más”, subrayó.

Según Moreno, sobre estos menores “pesan además el estigma y la discriminación”. “Se les exige una documentación muy difícil de conseguir y cuando la aportan, no les creen”. Asimismo, denunció que las devoluciones sumarias de menores, como las dos sucedidas en Ceuta, “son contrarias a la legislación española”, que solo permite “deportar a un menor en base a su interés superior” y, este se debe investigar de forma individual. “Mientras tanto, un menor no cae en situación irregular, debe ser tutelado”.

Todas estas recomendaciones figuran en el informe, que también pide mejorar las condiciones de las diferentes dependencias gubernamentales que atienden a la infancia migrante; eliminar la práctica de separar a los niños de sus familias, y acelerar en los países de destino las pruebas de determinación de parentesco por ADN.

Asimismo, defiende aprovechar el nuevo marco normativo español de extranjería para hacer cumplir los plazos más favorables en cuanto a la documentación de la edad; recomienda la creación de corredores humanitarios en México y en Marruecos a fin de facilitar la entrada legal y regular de la inmigración en los países de destino; aboga por facilitar la solicitud de asilo en las embajadas, y reclama más recursos para la integración, formación e inserción laboral de estos menores una vez en destino.