Pide que la disposición adicional séptima de la citada ley establezca que “las donaciones que reciban las fundaciones y asociaciones vinculadas orgánicamente a partidos políticos” estén “sometidas a los mecanismos de fiscalización y control y al régimen sancionador previstos” en la norma, “sin perjuicio de las normas propias que les sean de aplicación”.

Además, quiere que la ley establezca que “las donaciones efectuadas por personas jurídicas por importe superior a 120.000 euros” precisen “que la entidad donante formalice en documento público la donación de que se trate”.