Según informó este jueves la Policía, las empresas acusadas de la actuación irregular estaban ubicadas en los partidos judiciales de La Orotava, Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.

Los empresarios de las sociedades investigadas no abonaban sus propios seguros sociales ni los de sus trabajadores, con lo que incrementaban el margen de beneficio y creaban un perjuicio a la Tesorería General de la Seguridad Social.

Tras el análisis patrimonial de las empresas y sus administradores, se comprobó que en todos los casos se pretendía eludir el pago de la deuda, para lo cual se creaban grupos y sucesiones empresariales que ocultaban los beneficios y bienes de las sociedades investigadas.

Los agentes determinaron la participación en la actividad delictiva de diversas personas, que actuaban como administradores de las empresas o testaferros, motivo por el que se les han imputado los delitos contra la Seguridad Social y Frustración de la Ejecución.

FAMILIARES COMO TESTAFERROS

Una de las sociedades había generado una deuda con la Seguridad Social cercana a los 200.000 euros, impagos que se habrían generado de 2014 a 2020. En las cuentas bancarias figuraban tanto la mujer como la hija del administrador único de la sociedad investigada.

Otra de las mercantiles investigadas generó una deuda desde el año 2008 hasta el 2021 por un importe total de 338.951 euros. Con el objeto de que la Seguridad Social no pudiera embargar ningún tipo de bien de la entidad, el administrador de esta empresa fue constituyendo diferentes sociedades, a través de distintos “testaferros”.

Este entramado empresarial utilizó como medio de ocultación o engaño a varias mercantiles, las cuales, a pesar de que no contaban con trabajadores dados de alta, tenían una facturación no acorde a un tipo de empresa sin empleados.