El SUP, a través de una nota de su Comisión Ejecutiva Nacional, valoraba así que, según informó hoy la Cope, el Ministerio del Interior pueda haber retrasado quince días la retirada de escoltas a jueces y fiscales, tras la queja expresada por este colectivo. De hecho, este lunes los jueces de la Audiencia Nacional continuaban con protección personal.

A este respecto, el SUP criticó que parece que “Interior no se atreve a hacer justicia y retrasa la retirada de escoltas a jueces y fiscales”.

Este sindicato policial añadió que “no es cierto que las escoltas estén para aquellas personas que tienen un mayor riesgo de agresión por cualquier circunstancia”, ya que “se usó y abusó de la amenaza terrorista para que muchas autoridades y sus familias pudieran disponer de un signo de distinción que es en lo que ha acabado la escolta”.

“Los jueces y fiscales que quieren seguir con escolta”, añade el SUP, “no lo hacen por temor a sufrir atentados -que se producen igual con o sin escoltas-, sino por comodidad y ahorro. Un coche a coste cero las veinticuatro horas los 365 días, un conductor y otra persona a su servicio son un lujo que pagamos todos los ciudadanos con impuestos”.

Asimismo, esta organización policial añadió que “o es cierto que jueces y fiscales de la Audiencia Nacional, de otros órganos, y políticos olvidados (Corcuera, por ejemplo) precisen de ninguna escolta para garantizar su seguridad. O no más que decenas de miles de ciudadanos, empresarios, o concejales del País Vasco y Navarra a los que ya se ha comenzado a retirar”.

“Si alguna organización terrorista u organizada”, se añade, “quisiera atentar contra una persona miembro de la judicatura o la carrera fiscal, ¿cuántos días tardaría en hacerle seguimiento, conocer a su familia y actuar sobre su pareja o descendientes?”.