Explicaron sus argumentos en una rueda de prensa ‘online’ en donde pidieron reformar el texto “para adaptar la distribución competencial al estado autonómico y a la nueva realidad audiovisual, estableciendo una actuación concertada entre las autoridades reguladoras independientes existentes en el Estado”.

Vidal recalcó que estos tres consejos, que representan al 45% de la población del Estado español, consideran que el texto aprobado “no está acorde, en lo referente al marco competencial, al nuevo ecosistema audiovisual y no se corresponde con un estado autonómico como es el Estado español”.

En su opinión, “el nuevo texto limita las competencias autonómicas y, por tanto, las de los consejos audiovisuales territoriales al no atribuirles ninguna competencia en relación con los servicios de comunicación audiovisual televisivos a petición, ni con las plataformas de intercambio de vídeos. Un hecho especialmente grave si tenemos en cuenta que estos servicios y plataformas constituyen en la actualidad una de las principales fuentes del consumo audiovisual de la ciudadanía”.

También denunciaron que la nueva norma recorta su capacidad de acción y las competencias autonómicas “en temas tan relevantes como la protección de los menores de edad, el discurso de odio, la publicidad encubierta, la desinformación o las previsiones relativas a la diversidad cultural en las plataformas”.

Por todo lo expuesto, instaron a los partidos políticos a que durante el trámite parlamentario “se introduzcan los cambios necesarios para asegurar una actuación concertada entre los reguladores audiovisuales independientes existentes en el Estado en materia de supervisión y control de los contenidos en las plataformas de intercambio de vídeos o el control y la supervisión de las obligaciones relativas a la protección de los menores de edad o a la promoción de obras europeas en los servicios a petición, entre otros”.