Destacó en un un comunicado que la última regularización de inmigrantes en España se produjo en 2005, hace más de 15 años. Un informe reciente de varias universidades muestra algunos beneficios que supuso esa regularización y señala que “no existió un efecto llamada”, puesto que no se incrementó la llegada de inmigrantes extracomunitarios respecto a los de la Unión Europea en 2005, insistió.

Además, prosiguió, "en una situación tan excepcional como es una pandemia, estas personas son uno de los colectivos más golpeados, lo que incrementa su riesgo de exclusión social".

Un derecho tan básico como el empadronamiento, que "es a su vez la puerta de entrada para alcanzar otros derechos como la sanidad o la educación, les es negado en muchos ayuntamientos", recalcó.

“Sin ese primer paso, no pueden comenzar el complejo proceso de la regularización”, añadió, y apuntó que "muchos migrantes acaban viéndose obligadas a pagar por el empadronamiento y por un contrato de trabajo, a fin de regularizar su situación".

Según la ONG, todo esto les "expone mucho más a los abusos y chantajes". Por ello, la organización ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas para visibilizar esta situación y ha lanzado el documental ‘Vecinas, vivas donde vivas’, que cuenta esta problemática en la voz de mujeres migrantes que viven en asentamientos andaluces.

Según Alianza-ActionAid, "sin esa regularización, las mujeres migrantes se enfrentan a continuas vulneraciones y violencias, como explotación laboral; violencias machistas y acoso sexual en el ámbito laboral; racismo social e institucional, e irregularidad administrativa que supone la negación de derecho.