Según Sánchez Presedo, los minusválidos psíquicos "precisan cauces para una mayor participación, con una estrecha coordinación entre la iniciativa pública y privada, así como una amplia cobertura asistencial y una mayor stabilidad en la atención prestada".

Los portavoces de la FGMP y los del PSOE denunciaron que la Xunta no ha admitido colaboración y no convocó el Consejo de Servicios Sociales antes de elaborar los presupuestos de 1993.

Sánchez Presedo precisó que "hay necesidad de ampliar sistemas y conciertos en la prestación de servicios sociales, dado que actualmente sólo un 5 por ciento de los minusválidos psíquicos atendidos están protegidos por un sistema estable".

El dirigente del PSOE gallego insisió en la conveniencia de ampliar la cobertura de atención, al tiempo que denuncó que entre 1989 y 1993 descendieron "de manera alarmante" las transferencias de capital destinadas a la creación de nuevos centros y coberturas.

Para Sánchez Presedo, la política social de la Xunta "está impidiendo una mayor implicación de entidades como la Organización Nacional de Ciegos (ONCE), que aportarían más recursos si la Consellería de Traballo consignara sus propios recursos presupuestarios para cofinanciar actuaiones".

La FGMP dijo que "la Xunta y el presidente sólo reciben buenas palabras" y reclamó la intervención parlamentaria socialista para evitar que los minusválidos psíquicos gallegos estén entre los más abandonados del Estado.