Los ecologistas señalan, además, que esa propuesta no favorece la creación de empleo, aumenta los costes totales del sistema eléctrico, rompe con las reglas del mercado, perjudica a las energías renovables y es contraria a la normativa europea.

Greenpeace anuncia que ha presentado sus alegaciones ante el Consejo Consultivo de Electricidad de la Comisión Nacional de Energía, que tiene que emitir un informe preceptivo antes de que el decreto se pueda aprobar.

"El carbón es el mayor responsable del cambio climático y no se puede pretender defender el clima y subvencionar el carbón al mismo tiempo", asegura José Luis García Ortega, responsable de la campaña de Cambio Climático y Energía de Greenpeace. "Esta propuesta de decreto es ilógica, antiecológica, antisocial y antieconómica", sentencia.

García Ortega concluye que "es absolutamente inaceptable que un país que triplica, aun con la bajada de demanda por la crisis económica, los límites de emisiones de gases de efecto invernadero del Protocolo de Kioto, tome una medida que supone incrementar las emisiones de manera arbitraria e innecesaria".