La decisión está sobre mesa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que deberá autorizar la medida. El ministerio público se pronuncia a favor ante la “necesidad básica de evitar o dificultar la propagación de la pandemia”.

La Fiscalía explica que la medida “cuenta con una habilitación legal suficiente y resulta proporcionada ante la compleja situación de riesgo sanitario en la que aún nos encontramos” con el objetivo de proteger la salud pública.

La Junta ya estableció el pasaporte Covid o prueba diagnóstica negativa al coronavirus para el acceso a centros sanitarios con internamiento y centros sociosanitarios de carácter residencial, el pasado 7 de diciembre, con vigencia hasta el próximo 15 de enero.