Así se desprende del informe que cada año presenta la organización sobre la situación de la población gitana en España, y que este año lleva por título ‘El impacto de la pandemia en la discriminación y el antigitanismo’.

El informe, que se presentó este miércoles, resalta que se recogieron y atendieron 61 casos menos que el año anterior, aunque lo achaca, en parte, a que en 2020 la fundación no realizó el ciclo de seguimiento del código de conducta sobre discurso de odio on line firmado entre las compañías de Internet y la UE, en el que la FSG reporta cada año más de cien casos de este tipo que se incorporan al Informe.

También apunta a la desmovilización de las víctimas como otro de los motivos de la reducción de casos. Así, la gravedad de la crisis provocada por la pandemia podría haber generado que en muchas ocasiones la denuncia ante casos de discriminación no estuviese entre sus prioridades.

“Ante una emergencia social, y en un contexto jurídico-institucional que no siempre facilita el ejercicio de derechos, entendemos que después de esta crisis deberíamos salir más reforzados en todos los ámbitos, incluido el de la lucha contra la discriminación y los delitos de odio, lo que debería llevarnos a agilizar la toma de medidas urgentes para reforzar el marco institucional y normativo frente a esta lacra” aseguraron en el informe, que incide en las situaciones de discriminación “que no suponen delito”, y que son las más comunes, y que, cuando se producen aquellas que sí son constitutivas de delito, “las investigaciones no son exhaustivas”.

El informe incidió en los motivos desmovilizadores, como el miedo a perder ayudas, en el añadido a otras situaciones de vulnerabilidad de las personas gitanas discriminadas, así como en otros condicionantes de discriminación encontrados al analizar los casos, como la condición de migrantes de algunas de las víctimas, la discapacidad o, en otros casos, la vulnerabilidad economica.

Por ello, la Fundación Secretariado Gitano hizo un llamamiento a las administraciones para cumplir diferentes medidas dirigidas a reducir la discriminacion que sufre la población gitana. Así, la urgió a aprobar la ‘Proposición de Ley integral para la igualdad de trato y no discriminación’ que incluya preceptos dirigidos exclusivamente al antigitanismo; la aprobación de un ‘Plan Estatal de Acción contra el Racismo’; o la formación en el Derecho antidiscriminatorio y en lo que respecta al Estatuto de la Víc tima a todos los actores clave en este ámbito, como el poder judicial, la fiscalía, abogacía, o las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Asimismo pidió una dotación de recursos suficientes a todas las instituciones dedicadas a la lucha contra la discriminación racial o étnica, a todos los niveles; o el establecimiento y la dotación suficiente de recursos a programas especializados de apo yo integral a mujeres gitanas.