El PSOE entiende que la reforma es "una agresión" a los trabajadores y "rompe" un modelo de relaciones fruto del acuerdo constitucional.

Creen que implica un "cambio radical" en ese modelo, que rompe el equilibrio entre las partes y otorga poderes "unilaterales" al empresario, "abarata y facilita" el despido con el único fin de reducir los costes laborales, elimina los mecanismos de control sindical y administrativos y debilita el judicial, "destruye" la negociación colectiva e introduce un contrato "falsamente indefinido" que permite el despido libre y sin causa después de un año.

Concluye, por ello, que la reforma "instaura un modelo de relaciones laborales contrario a nuestro Estado social y vulnera derechos reconocidos en la Constitución".

Denuncian además los socialistas que la reforma no creará empleo y contribuirá a su destrucción, por lo que erosionará la cohesión social y empeorará las condiciones de vida de los ciudadanos.

Los socialistas acusan al Gobierno de no mostrar voluntad de acordar la reforma ni de dialogarla con los sindicatos.

Por todo ello, aseguran que entienden las razones esgrimidas para convocar la huelga general y expresan la solidaridad con los trabajadores que ejercen el derecho de huelga, reconocido y garantizado por la Constitución.