Así se lo confirmó esta tarde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a los sindicatos CSI-F, CCOO y UGT en un encuentro que las organizaciones sindicales denuncian que no fue de negociación, sino “un paripé para cumplir con el expediente”.

El presidente de CSI-F, Miguel Borra, criticó, en declaraciones a Servimedia, que, “igual que el anterior Gobierno”, el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy utiliza la mesa de la función pública “no para negociar, sino para informar”.

“Tenemos una queja, y es que el Ejecutivo no cambie las malas costumbres del Gobierno anterior”, dijo Borra, quien añadió que su sindicato tiene el objetivo de participar y sumar en la negociación.

Por su parte, el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Enrique Fossoul, denunció que el Ejecutivo no “ha enviado ni un papel” a las organizaciones sindicales explicando las medidas adoptadas, algo que considera “insólito” y que “quiere decir que tenemos que estar callados”.

Así, explicó que en la reunión el Gobierno “se ha limitado a contarnos que va a haber congelación en los salarios de los empleados públicos”, aunque los trabajadores que sean dependientes de las comunidades se atendrán a lo que decidan las autonomías.

Hacienda también trasladó a los sindicatos que la tasa de reposición en la oferta de empleo público será del 10% en sanidad, educación y fuerzas y cuerpos de seguridad, como ya anunció en el real decreto aprobado en diciembre, además de a la policía local y a los servicios de prevención y extinción de incendios.

Por último, el Ejecutivo trasladó a los sindicatos la generalización de la jornada laboral de 37 horas y media a todos los empleados públicos. En este caso, las organizaciones sindicales denunciaron que el Gobierno central está traspasando las competencias de las comunidades autónomas.

Sobre la congelación de las retribuciones, Borra denunció que los empleados públicos llevan perdido más de un 20% del poder adquisitivo en los últimos tres años, lo que es una muestra del “sacrificio de la función pública durante la crisis”.

Sobre la generalización de la jornada de 37 horas y media, el presidente de CSI-F apuntó que la mayoría de los empleados públicos ya aplicaba esa medida, pero insistió en que “hay dudas legales porque entra dentro del ámbito competencial de las comunidades”.

En una línea similar, desde UGT criticaron que el Ejecutivo se está “metiendo en las competencias de las comunidades anulando todos los acuerdos” entre éstas y los representantes sindicales, y anunciaron que recurrirán esta medida ante los tribunales.

Además, criticaron que la reunión ha supuesto un “paso más en la devaluación de la negociación colectiva de los empleados públicos” y aseveraron que ha sido “un encuentro informativo para cumplir con el expediente”.