Se trata de la novena huelga general que convocan las principales organizaciones sindicales a nivel nacional desde la transición, aunque UGT no se sumó a la de 1985 contra la reforma de las pensiones.

Las huelgas conjuntas se celebraron en 1981 contra la intentona golpista; en 1988 contra la reforma de laboral del Gobierno de Felipe González; en 1992 por los cambios que el Ejecutivo quería imponer sobre el subsidio por desempleo; en 1994 también contra el Gobierno socialista; en 2002, la única que hasta el momento se había convocado durante la presidencia del PP por una reforma del mercado de trabajo, concretamente contra el llamado “decretazo”; en 2003 contra la participación en la Guerra de Iraq; y la última, la de 2010 contra la reforma laboral y las medidas de recortes aprobadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

En la jornada de este jueves, bajo el lema "Quieren acabar con todo", CCOO y UGT han convocado manifestaciones en la mayoría de las ciudades y está previsto un gran acto que discurrirá por las calles de Madrid y que finalizará en la Puerta del Sol con la intervención de los líderes sindicales, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, acompañados por otros sindicalistas.

La decisión de convocar la huelga para este 29 de marzo se decidió el pasado día 9. Los sindicatos acordaron entonces mantener la “presión social” hasta lograr que el Gobierno “rectifique” y abra un proceso de negociación con los interlocutores sociales.

No obstante, en los últimos días numerosas voces del Gobierno ya han afirmado que el Ejecutivo está dispuesto a dialogar, si bien, no cambiará "ni un ápice sus planteamientos".

Por su parte, los líderes de CCOO y UGT se muestran convencidos de que la huelga general será un éxito. Así, en su opinión, la jornada tendrá un seguimiento "masivo" y "la vamos a ganar".

FALTA DE ACUERDO

La negociación de los servicios mínimos por comunidades ha sido complicada porque finalmente no se llegó a acuerdos en varias de ellas.

En concreto, en ocho comunidades (Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Euskadi, Extremadura, Galicia, Baleares y Murcia) ha sido imposible fijar los servicios mínimos.

Por el contrario, en el resto de comunidades sindicatos y gobiernos regionales sí han pactado los servicios mínimos.

Las centrales sindicales ya han advertido de que, en aquellas comunidades en las que no se han producido acuerdo, los sindicatos no se responsabilizan del cumplimiento de los servicios mínimos decretados y no pactados.