Así consta en el informe anual de la institución que la Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Osma, entregó este miércoles al presidente del Congreso, Jesús Posada, una vez concluída la sesión plenaria.

En su informe, la defensoría reitera la necesidad de que el examen de las solicitudes de prestaciones y subsidios se ajuste verdaderamente al principio de eficacia.

El informe señala que una gran parte de las quejas relativas a las políticas sociales tuvo que ver con el desempleo y con el creciente número de personas en riesgo de exclusión social.

Por distribución geográfica, el mayor número de quejas provino de la Comunidad de Madrid (23,19%), seguida de la Comunidad Valenciana (14,30%), Andalucía (14,09%), y Cataluña (10,41%).

Además de quejarse de cuestiones económicas, los ciudadanos mostraron preocupación ante del Defensor del Pueblo “por los problemas con la Administración de Justicia, y de hecho, llegaron numerosas quejas relativas a dilaciones, a la falta de medios personales y materiales y a la saturación de los distintos órganos jurisdiccionales”.

Entre las preocupaciones ciudadanas destacan también aspectos relacionados con la educación, la extranjería y la inmigración, la función y el empleo públicos o el medio ambiente.

SEGURIDAD Y JUSTICIA

También fueron importantes las quejas que recibió esta institución sobre la seguridad y la justicia. “Se han seguido recibiendo quejas relativas a dilaciones, falta de medios personales y amteriales y saturación de los distintos órganos jurisdiccionales”, indica.

Por otra parte, el informe del Defensor del Pueblo destaca las investigaciones efectuadas a raíz del desalojo de las personas del conocido como movimiento 15-M acampadas en Madrid.

En su informe, y “ante la restricción presupuestaria”, la institución de Cava de Llano insiste a las administraciones en que “es necesario diseñar políticas más eficaces, políticas activas en coordinación con otras administraciones y adecuadas a la demanda real de vivienda, a la necesidad social”.

Otro dato destacable es que “sólo un organismo entorpeció la labor del Defensor del Pueblo”, el Colegio de Abogados de Toledo, frente a las 14 administraciones entorpecedoras de 2010.