En el texto, la defensora en funciones criticó la existencia de barracones, la falta de centros públicos de 0 a 3 años y la escasez de plazas en determinados ciclos de Formación Profesional.

Asimismo, denunció la excesiva concentración de niños con más necesidades en Primaria y la falta de recursos personales para garantizar una escolarización adecuada del alumnado con necesidades especiales.

El informe se hizo también eco del gran número de quejas relativas a la divergencia de criterios con que las universidades calculan la nota media del expediente, un requisito fundamental a la hora de acceder a becas, ayudas y determinados estudios.

Finalmente, recoge problemas en la gestión telemática de las solicitudes de becas y ayudas al estudio, así como las discrepancias o errores en la valoración de la situación económica de las familias o la aplicación de los requisitos de carácter académico, frecuentes todos los años.

En concreto, durante el curso 2011-2012 se produjeron graves disfunciones en el sistema de gestión telemática de las becas, señaló el informe.

Miles de estudiantes vieron frustradas sus solicitudes de ayuda, “de las que puede depender su continuidad en los estudios”, por el error a que inducía la propia plataforma web para la presentación "on-line" de solicitudes (que requería un paso informático adicional para confirmar su envío).

Por ello, la institución reiteró su petición al Ministerio de Educación para que recapacite sobre su inicial rechazo a revisar los errores cometidos en la formalización de las solicitudes, “dados los graves y multitudinarios perjuicios ocasionados”.