Así lo expresó el diputado del Grupo Socialista Ignacio López durante el debate de toma en consideración de esta proposición de ley en el Pleno del Congreso de los Diputados -impulsado por la Plataforma Iniciativa Ley Vivienda, formada por organizaciones sociales como el Sindicato de Inquilinos, UGT, CCOO y Facua, entre otras- y que fue llevado a la Cámara Baja por Unidas Podemos, junto a otros socios del Ejecutivo como Más País, Bildu, ERC, Junts Per Catalunya, CUP, Compromís, BNG y Nueva Canarias.

Eso sí, este mismo martes Unidas Podemos decidió retirar su firma de la ley de los colectivos sociales, dejando de ser grupo proponente, con el fin de allanar un acuerdo con el PSOE a partir del texto aprobado en Consejo de Ministros.

Precisamente, el Ejecutivo aprobó hace semanas una Ley de Vivienda que tendrá que ser debatida también en el Parlamento, una cuestión que desbloqueó el apoyo de Unidas podemos a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2020. En todo caso, este texto es “insuficiente” para los sindicatos y organizaciones sociales que han impulsado el alternativo al del Ejecutivo.

“Una proposición de ley como esta debe respetar, sin fisuras, el marco constitucional sin invadir competencias autonómicas y tampoco debe bordear otros derechos constitucionales que también deben respetarse”, afirmó durante el debate el diputado socialista Ignacio López.

Además, recordó que “el conjunto del Gobierno de España ya aprobó en octubre el Anteproyecto de la Ley Estatal del Derecho a la Vivienda, que tiene muchos de los elementos que contiene esta proposición "y, en pocas semanas, esperemos su pronta aprobación definitiva”.

“Muy pronto vamos a tener la primera ley por el derecho de vivienda de la democracia. Será un derecho y no una mercancía y será el quinto pilar del estado del bienestar”, apostilló el parlamentario del PSOE.

Mientras, la parlamentaria de Unidas Podemos Pilar Garrido cargó contra el PP, preguntándole “dónde estaban cuando se “firmaban hipotecas basura” y cuando se generó la “burbuja inmobiliaria”. Igualmente, apuntó que ahora hay una “gran oportunidad” para mejorar las políticas de vivienda y “cambiar la historia”.

ATAQUE A LA PROPIEDAD PRIVADA

Desde el PP, la diputada Ana María Zurita, tachó a esta ley de “ataque claro y directo a la propiedad privada” porque “va encaminada a la intervención del mercado libre”, al tiempo que recordó que, anteriormente, ya han llegado al Congreso dos textos “similares”.

Igualmente, criticó que haya “dos leyes en circulación que compiten por quién penaliza más por tener un inmueble en propiedad o ser arrendador de vivienda” y lamentó que, con algunas propuestas, “la ocupación se consolida en España como forma de acceder a la vivienda”. En su opinión, la solución pasa por incrementar la oferta de vivienda en España y no por crear “inseguridad jurídica” porque “sí que existen personas con dificultades de acceso a la vivienda”.

Zurita exigió también mayor claridad al PSOE, a quien acusó de “marear la perdiz con el control de los precios de alquiler y siguen vendiendo los derechos de los españoles por un plato de lentejas en la Moncloa”, un “carro” al que, a su criterio, “ahora también se suma Podemos”.

Por su parte, la diputada Cristina Alicia Esteban, de Vox, dijo que a España le faltan dos millones de inmuebles de alquiler social y tildó a las formaciones de izquierda de ser “una colada de volcán que arrasa las viviendas a su paso, sobre todo las más humildes e indefensas”.

Mientras, el diputado de Ciudadanos Juan Ignacio López rechazó también esta proposición de ley porque su grupo “tiene otras soluciones” y criticó a Unidas Podemos y al PSOE porque de vivienda “sólo saben volver a casa, donde está la moqueta”.

Otro de los grupos que se posicionó en contra fue el PNV, cuyo portavoz, Íñigo Barandiaran, destacó que esta ley invade competencias en materia de vivienda y de Derecho Civil de algunas comunidades autónomas.

PAPEL MOJADO

Desde los partidos favorables a la propuesta de las organizaciones sociales, el portavoz de Más País, Íñigo Errejón, denunció que “es evidente que el mercado de la vivienda no está funcionando. Es evidente que causa mucho dolor, deja a mucha gente fuera de los derechos de ciudadanía y complica para la mayor parte de la gente tener un proyecto vital o formar una familia”. Además, señaló que la vivienda es un “problema económico” que “no se resuelve con más liberalización”, resaltando que “en España, de cada cinco casas que se venden, sÓlo una está destinada a ser un hogar”, lo que “distorsiona el mercado y deja en papel mojado el derecho a la vivienda”.

La diputada de Esquerra Republicana Pilar Vallugera apuntó que el texto intenta amparar el derecho a la vivienda para que como sucede hasta ahora, no se convierta en un bien de mercado que solamente sirve para el lucro y el enriquecimiento”. A su juicio, “si no cambiamos las bases del contrato social, vamos a dejar al 90% de la gente fuera” porque “son los grandes tenedores los que están parando la lógica de eso que dicen que funciona tan bien que es el mercado”.

El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, criticó que no se “haga nada” para reforzar el derecho a la vivienda, la dación en pago o que “los padres que avalan a sus hijos no puedan ser desahuciados de su única vivienda”.

Por último, formaciones como Bildu y la CUP agradecieron el trabajo de las organizaciones sociales, un esfuerzo que calificaron de “solvente” y “necesario” para garantizar el derecho a la vivienda, especialmente de las personas en situación de mayor vulnerabilidad.