Así consta en el texto que el Gobierno ha publicado este lunes en Internet y que a partir de ahora se somete a consulta pública para que los ciudadanos puedan realizar sus aportaciones antes de que el Consejo de Ministros apruebe el anteproyecto y lo envíe a las Cortes Generales para su tramitación parlamentaria.

Entre los principios éticos, la Ley de Transparencia obliga a actuar "con transparencia en la gestión de los asuntos públicos, de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia y con el objetivo de satisfacer el interés general".

Establece que los cargos públicos "ejercerán sus funciones atendiendo al principio de buena fe y con dedicación al servicio público, absteniéndose de cualquier conducta que sea contraria a estos principios".

Asimismo, "respetarán el principio de imparcialidad, de modo que mantengan un criterio independiente y ajeno a todo interés particular" y "asegurarán un trato igual y sin discriminaciones de ningún tipo en el ejercicio de sus funciones".

Tendrán que actuar "de buena fe y con la diligencia debida en el cumplimiento de sus obligaciones y fomentarán la calidad en la prestación de servicios públicos", a la vez que "mantendrán una conducta digna y tratarán a los ciudadanos con esmerada corrección".

Finalmente, señala que deben asumir "la responsabilidad de las decisiones y actuaciones propias y de los organismos que dirigen, sin perjuicio de otras que fueran exigibles legalmente".

Junto a estos principios éticos, la ley contempla nueve principios de actuación para que desempeñen su actividad "con plena dedicación" y se abstengan "de toda actividad privada que pueda suponer un conflicto de intereses con su puesto público".

"Deberán guardar la debida reserva respecto a los hechos o informaciones conocidos con motivo u ocasión del ejercicio de sus competencias" y "estarán obligados a poner en conocimiento de los órganos competentes cualquier actuación irregular de la cual tengan conocimiento".

Los responsables públicos "ejercerán los poderes que les atribuye la normativa vigente con la finalidad exclusiva para la que les fueron otorgados y evitarán toda acción que pueda poner en riesgo el interés público, el patrimonio de las administraciones o la imagen que debe tener la sociedad respecto a sus responsables públicos".

"No se implicarán en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones y se abstendrán de intervenir en los asuntos en que concurra alguna causa que pueda afectar a su objetividad", añade el texto.

El borrador de la Ley de Transparencia determina que "no aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones". Si reciben obsequios con una mayor relevancia institucional, "se procederá a su incorporación al patrimonio del Estado".

Asimismo, "desempeñarán sus funciones con transparencia y accesibilidad respecto de los ciudadanos"; "gestionarán, protegerán y conservarán adecuadamente los recursos públicos, que no podrán ser utilizados para actividades que no sean las permitidas por la normativa que sea de aplicación", y "no se valdrán de su posición en la Administración para obtener ventajas personales o materiales".