De aprobarse el actual borrador que se debatirá a principios de 2022, “el derecho a la protesta pacífica y la libertad de expresión seguirán gravemente amenazados, al no modificar en profundidad esta rreforma ni eliminar los artículos que de manera recurrente han afectado gravemente al ejercicio de estos derechos ni tampoco establecer mecanismos independientes de supervisión de la actuación policial”, advirtió Amnistía en un comunicado.

Señaló que desde la aprobación de la ley en 2015 hasta diciembre de 2019, se impusieron cerca de 200.000 sanciones en base únicamente a dos artículos: resistencia, desobediencia o negativa a identificarse" (36.6) y "faltas de respeto a la autoridad" (37.4).

Supusieron el 70% del total de sanciones impuestas en materia de seguridad ciudadana, destacó, “y ninguno de ellos es abordado por el acuerdo de PSOE y Unidas Podemos para la reforma de la norma, ni tampoco por la proposición de ley que se está tramitando”.

“Frente a lo anunciado por diferentes miembros del Gobierno, la propuesta actual no aborda los aspectos más preocupantes de la ley", afirma la organización. “Si no se introducen mejoras durante su tramitación parlamentaria, la protesta seguirá amordazada en nuestro país”, denunció Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.