El presidente y el director general del IEE, Íñigo Fernández de Mesa y Gregorio Izquierdo, respectivamente, presentaron este Índice de Competitividad Fiscal (ICF) que pone en perspectiva la fiscalidad de los diferentes países de la OCDE midiendo la competitividad de sus respectivos sistemas tributarios.

Ambos lamentaron la caída de España en este ranking, pasando de la posición 26 de 2020 a la 30 en esta nueva edición, de un total de 37 países analizados, por lo que indicaron la “pérdida notable de competitividad fiscal en nuestro país, que ya se encontraba en posiciones rezagadas en el entorno internacional, posición que va a peor y seguirá empeorando si se continúa con continuadas subidas de impuestos”.

En este sentido, el también vicepresidente de CEOE, Fernández de Mesa, opinó que “no es el momento de subir impuestos, sino más bien de todo lo contrario”, y que “el incremento de la recaudación imponible se debe basar en la ampliación de las bases y la lucha contra el fraude, y no en la subida de la presión fiscal”.

En concreto, el informe elaborado por el IEE a partir del ranking, señala que la reducción de la recaudación tributaria debido al descenso en la actividad económica, pretende ser compensada a corto plazo mediante la introducción de nuevos tributos o la reforma de los existentes, con especial hincapié en la tributación empresarial, en contraste, destacó Fernández de la Mesa, con las medidas de rebaja fiscal o de no subida de impuestos tomadas por otros países de la UE.

Además, desde el IEE advirtieron que “hay que evitar reformas fiscales apresuradas y coyunturales con el fin de lograr un código tributario coherente, flexible y bien estructurado que facilite el cumplimiento por parte de los contribuyentes y genere ingresos de manera inteligente, minimizando las distorsiones de los impuestos sobre el crecimiento y el desarrollo económico”.

A este respecto, el presidente del servicio de estudios de la patronal aseguró que “no hay líneas rojas” de cara a la reforma fiscal en la que trabaja el Gobierno, pero que esta debe plasmarse en “un rediseño en el que no se produzca una subida de la presión fiscal”.

SOCIEDADES E IRPF

Asimismo, el informe del IEE destaca que la proporción de recaudación que en España procede de las empresas es superior a la media europea, ya que los ingresos públicos que aportan las empresas con respecto al total son del 31,9%, mientras que la media de la eurozona es del 25%. En relación con el Impuesto sobre Sociedades, España presenta una presión fiscal normativa un 27,2% más elevada que la media de la UE, y un 22,2% superior al del promedio de la OCDE.

Respecto a la imposición patrimonial, la posición de España es un 40,8% peor que la de la UE, según el estudio, y un 38% menos competitiva que el promedio de la OCDE.

En cuanto a la imposición sobre la renta de las personas físicas, el informe destaca que su efecto conjunto con las cotizaciones a la Seguridad Social es en España del 39,3% en 2020, -por encima de la media de la OCDE, del 34,6%-, lo cual significa que el salario neto que finalmente recibe el empleado constituye el 60,7% del coste laboral.

También recoge el IEE que, entre los países donde el IRPF es más progresivo, España se sitúa en noveno lugar de un total de 22 analizados, y destaca que España supera en progresividad del impuesto sobre la renta la media de la UE y se sitúa en la media de la OCDE, al alcanzar el valor 112,8 frente a 112,9 de media de la OCDE y 100 de la UE.

‘PRESIÓN FISCAL NORMATIVA’

A partir del ICF, el IEE ha desarrollado un indicador denominado ‘Indicador de presión fiscal normativa’, entendida esta como la carga de gravamen que el diseño del sistema fiscal introduce en las economías, al margen de la recaudación que obtenga, en el que, en 2021, España se sitúa en 112,8 puntos, un 12,8% más elevada que la media de la UE, y también mayor que los 110,5 puntos del año 2020, donde soportaba una presión fiscal normativa un 10,5% superior a la del promedio de la UE. La situación de España es también un 12% peor a la del promedio de los países de la OCDE, que tiene 100,8 puntos.

Asimismo, teniendo en cuenta la presión fiscal medida como recaudación sobre PIB, el IEE resaltó que, teniendo en cuenta el efecto de la economía sumergida, los datos sugieren que en España se recauda el 35,4% del PIB total del país, pero está pagado exclusivamente por el 78% de la actividad, dado que el 22% del PIB es economía sumergida, por lo que la presión fiscal efectiva para los que contribuyen es del 44,6%, similar a la del conjunto de la UE.

Así, el centro de estudios subrayó que, si se mantuviese esta presión fiscal efectiva para los que contribuyen, pero se lograse que la economía sumergida se redujese a unos niveles similares a los de la UE, es decir del 13%, la presión fiscal en España se podría elevar hasta niveles del 40%, ratio similar a la actual presión fiscal de la UE, que está en el 40,3%.

Por ello, desde el IEE abogaron por, en lugar de que en la aportación a la tributación participe sólo el 78% de la actividad, reducir la economía sumergida para que contribuyese el 87% de la actividad (13% de economía sumergida, como en la UE), caso en el que la recaudación tributaria podría llegar a aumentar más de 4 puntos del PIB sin necesidad de subir los impuestos.