En su documento de aportaciones al proyecto de real decreto que establece este nuevo bono, que está tramitando el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el Cermi argumenta que las personas con discapacidad, en particular las jóvenes, son un grupo sometido a condiciones estructurales y sistémicas de exclusión y pobreza, lo que se manifiesta “exacerbadamente en su acceso al bien de la vivienda, ámbito al que se enfrentan además a obstáculos específicos como las barreras del entorno construido, dada la extendida ausencia de accesibilidad del parque de viviendas, general y el destinado a arrendamiento”.

En atención a estas circunstancias sociales más desfavorables que dificultan o impiden su derecho a la vivienda, se proponen, en la regulación del Bono Alquiler Joven, una serie de medidas de acción positiva por motivos de discapacidad que compensen o atenúen esas desventajas más acusadas de las que parten.

Respecto del límite de edad, que se pide aumentar más allá de los 35 años, las personas con discapacidad acumulan un retraso temporal en su desenvolvimiento y participación sociales, dado que han de superar continuas barreras externas que demoran su incorporación a la vida en comunidad. Esto lleva a incrementar el límite de edad general, pasando de 35 a 38 años. “Este tipo de medidas ya están consolidadas en políticas públicas como las educativas o las de promoción de empleo, por lo que existen precedentes; se trata solo de trasladarlo a las de vivienda, que adolecen de escasa sensibilidad a la dimensión social de la discapacidad”, señala el Cermi.

En cuanto a la capacidad de renta e intensidad de las ayudas, a juicio del Cermi, las personas con discapacidad, por causa de esta, son más pobres que las demás, ya que la discapacidad minora la capacidad de renta disponible, y asimismo incrementa los desembolsos y gastos, para atender las necesidades específicas derivadas de esta situación (discapacidad).

Por lo general, Ingresan menos y gastan más. “Se trata del denominado agravio económico por razón de discapacidad”. A fin de considerar esta desigualdad estructural, es preciso intervenir en la política pública, indica el Cermi, elevando la capacidad de renta considerada e intensificando la ayuda genérica. Así, la primera se incrementaría hasta 4 veces el IPREM y la segunda, pasaría de 250 a 275 euros mensuales.