Así lo anunció la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministro, que este viernes realizó una primera lectura del anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

Sáenz de Santamaría explicó que este borrador de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno estará disponible a partir del lunes en la web de La Moncloa para iniciar por primera vez en la democracia un "trámite de audiencia pública". Durante 15 días, los ciudadanos podrán leer el texto elaborado por el Gobierno y aportar sus ideas para mejorarlo.

La vicepresidenta explicó que la Ley "impone férreas obligaciones de buen gobierno" a las administraciones públicas, a la vez que introduce "principios éticos de actuación" y duras sanciones para "los malos gestores" o aquellos que "incumplan las obligaciones previstas en la ley".

Serán castigados los responsables políticos que gasten sin crédito suficiente, que infrinjan la Ley General Presupuestaria, que incumplan los Presupuestos, que no justifiquen la inversión de fondos de subvenciones, que incumplan de manera deliberada el nivel de deuda pública establecido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y que incumpla las medidas de corrección previstas para la reducción del déficit.

Sáenz de Santamaría explicó que estas infracciones conllevarán de sanciones como la destitución del cargo público, la no percepción de pensiones indemnizatorias, la obligación de restituir las cantidades indebidamente percibidas o la obligación de indemnizar a la Hacienda Pública estatal en los términos previstos en la Ley General Presupuestaria.

En el caso de las infracciones graves y muy graves, los responsables políticos serán inhabilitados para determinados cargos públicos durante un periodo de entre cinco y diez años.

También habrá multas económicas para los políticos que gestionen mal los recursos públicos, aunque Sáenz de Santamaría recordó que si no se abona el importe de esas sanciones cabe la posibilidad de que se sustituyan por penas de prisión.

Además, indicó que la responsabilidad recaerá directamente sobre el cargo público que tenga asumida la competencia que se haya incumplido, aunque en el caso de decisiones colegiadas adoptadas en un Consejo de Gobierno o un Consejo de Ministros recaería sobre todos los integrantes de ese órgano.

Sáenz de Santamaría detalló que cualquier ciudadanos podrá denunciar una mala gestión pública para que sea convenientemente analizado e investigado. La responsabilidad de las actuaciones y sanciones recaerá sobre una "instancia independiente" como la Agencia de Calidad de los Servicios y de las Políticas Públicas, que pasará a llamarse "Agencia de Transparencia".

Al frente de esta Agencia de Transparencia habrá una persona nombrada directamente por el Gobierno de Mariano Rajoy pero que podrá ser vetada "por mayoría absoluta" de las Cortes Generales durante el trámite parlamentario.

TRANSPARENCIA

Asimismo, la Ley incluye la puesta en marcha de un Portal de Transparencia en Internet donde los ciudadanos podrán consultar toda la información sobre las administraciones públicas, incluidas las retribuciones de altos cargos, las subvenciones concedidas, los contratos adjudicados y los convenios suscritos.

Los ciudadanos podrán utilizar ese Portal de Transparencia para requerir información a la administración pública, que dispondrá de un mes de plazo para responder a cada una de las peticiones.

Este aspecto de la Ley de Transparencia obliga especialmente a la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, entidades locales, empresas públicas, fundaciones del sector público, Congreso de los Diputados, Senado, Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Consejo de Estado, Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas, Consejo Económico y Social, así como a las instituciones autonómicas análogas.

El Gobierno pretende incorporar con la Ley de Transparencia una serie de principios éticos como "eficacia y satisfacción del interés general, buena fe y dedicación al servicio público, imparcialidad e independencia, equidad y no discriminación, diligencia y fomento de la calidad, conducta digna y corrección en el trato y responsabilidad".

La Ley vigilará de manera especial la plena dedicación de los cargos públicos a sus tareas en la administración y la no incursión en incompatibilidades. De hecho, el Portal de Transparencia ofrecerá información puntual sobre las peticiones de compatibilidad que demanden los responsables políticos.

Finalmente, el Gobierno pretende obligar a través de la Ley a que el Presupuesto General del Estado establezca anualmente un baremo que limite los sueldos de los miembros de los órganos de gobierno de las entidades locales para evitar retribuciones desproporcionadas al tamaño, población y presupuesto de cada municipio.