Según informó el Ministerio de Política Territorial, la titular de este departamento, Isabel Rodríguez, firmó el pasado 6 de noviembre una orden que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en la que se daba cuenta de las subvenciones sujetas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

De este modo, Política Territorial gestionará las subvenciones contando para ello con la colaboración del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a través de la Secretaría General de Administración Digital.

En ese sentido, el importe máximas de estas subvenciones asciende a 92,77 millones de euros, repartiéndose la asignación de las distintas entidades beneficiarias del siguiente modo: el 45% del importe total se distribuirá entre los municipios con población superior a 250.000 habitantes, mientras que el 55% restante irá a parar a las urbes con población entre 50.001 y 250.000 habitantes o con población inferior si son capital de provincia.

Las solicitudes se podrán presentar hasta las 15.00 horas del miércoles en la sede electrónica del Ministerio de Política Territorial, estando obligadas las entidades locales postulantes a justificar el cumplimiento de la finalidad de la subvención y la aplicación de los fondos percibidos.

REDUCIR LA BRECHA DIGITAL

La concesión de las subvenciones priorizará aquellos proyectos que busquen una mayor accesibilidad de ciudadanos y empresas a servicios públicos digitales, la reducción de la brecha digital, la mejora de la eficiencia y eficacia de los empleados públicos, la reutilización de los servicios y soluciones digitales construidas y la utilización activa de las tecnologías emergentes en el despliegue de nuevos servicios digitales.

Por ello, se aconseja a las corporaciones municipales que apuesten por una administración orientada al ciudadano, desarrollando los tres servicios más utilizados en modo aplicación móvil o a través de una interfaz adaptable integrada en ‘Mi Carpeta Ciudadana’ de la Administración General del Estado; operaciones inteligentes, mediante la puesta en marcha de un proyecto para automatizar procesos de prestación de servicios al ciudadano; y el desarrollo o adaptación de servicios exentos de barreras transfronterizas para ciudadanos y empresas europeos.